Los 13 de Otavalo: ¿Indicios frágiles sostienen el caso de presunto terrorismo?

El acta de la audiencia de formulación de cargos en contra de 13 manifestantes detenidos en Otavalo reveló un punto crítico en la acusación fiscal: existió una acusación generalizada de responsabilidades y no se encontraron evidencias en poder de los procesados que los vinculen directamente con los hechos violentos en el comando policial el 29 de septiembre de 2024.

Una tarde de vandalismo

Ese día, alrededor de las 15:30, cerca de 300 manifestantes marcharon hacia el cuartel del Distrito Valle del Amanecer. Armados con escudos metálicos, piedras, bombas molotov y voladores tipo bazucas artesanales, ingresaron a la ciudad de Otavalo. Causaron daños materiales y agredieron a policías.

Rompieron el portón de ingreso principal de las oficinas donde funciona la Policía Judicial. Sustrajeron documentos e indicios, prendieron fuego a motocicletas y vehículos de la Policía Judicial, destrozaron ventanales de la parte frontal y lateral del edificio; y quemaron otros vehículos estacionados en el cuartel. Según la Fiscalía, los daños materiales ascienden a 125.000 dólares y seis policías resultaron heridos con laceraciones en piernas y brazos, golpes en la cabeza y una herida ocular por una pedrada.

Estos actos violentos derivaron en la detención de 13 manifestantes, hoy procesados por presunto terrorismo. Sin embargo, la revisión del acta de audiencia, que suma 47 páginas, plantea la duda central: ¿Son estas 13 personas las responsables directas de los actos vandálicos? La pregunta surge porque durante la audiencia de formulación de cargos no hubo identificación individual.

La acusación fiscal: Una turba sin rostros

El fiscal Galeano Balcázar presentó una imputación que se sustentó en las versiones de los policías afectados y un parte policial que describe cómo "una muchedumbre" ingresó violentamente al cuartel. Con base en esos hechos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los detenidos, alegando un ataque concertado contra la fuerza pública y los bienes del Estado.  "Se levantaron evidencias como vainas percutidas de armas de fuego, restos de explosivos, piedras de gran tamaño y material destruido en diferentes puntos del Comando y de la Policía Judicial de Otavalo. Se documentó con álbum fotográfico el estado de los inmuebles... Identificación de los presuntos responsables: Las versiones y el parte policial coinciden en que los aprehendidos fueron individualizados por los agentes policiales en el lugar y momento de los hechos, siendo identificados como quienes habrían participado directamente en los actos violentos", dijo el fiscal, según consta en el acta de la audiencia. 

Los testimonios policiales

Tres uniformados rindieron su versión. Sus palabras ilustraron el nivel de violencia colectiva, pero no identificaron a los detenidos como los sospechosos de participar en esa manifestación. Las tres versiones remarcaron la violencia masiva.

• El sargento Pablo Guzmán relató: 

“Una turba de personas llegó al cuartel, rompieron el portón y lanzaron piedras y palos. Tuvimos que replegarnos para no ser alcanzados”.

• El capitán Juan Andrés Jaramillo coincidió en la magnitud: 

“Eran más de cien manifestantes, gritaban consignas y se dirigían directamente contra el personal policial. Los vehículos estaban en el parqueadero y fueron incendiados”.

• El capitán De la Torre fijó una hora clave: 

“El momento más crítico fue alrededor de las 15:45, cuando ingresaron al cuartel. No fue posible identificar uno por uno a quienes lanzaban objetos, era un grupo grande y desordenado”.

Detenciones en horas posteriores

Hubo aprehensiones que se dieron horas después del ataque. Algunos, como Luis Henry Jácome Espinoza, fueron detenidos a las 18:00 en el sector del Chifa Excelencia, a varios kilómetros del cuartel. Otros, como Alfredo Padilla Criollo, lo fueron recién a las 18:35, casi tres horas después de los hechos críticos. Ningún oficial los mencionó en sus testimonios. Otro procesado es Luis Tituaña, quien trabajaba como jornalero.

Las defensas sostuvieron que se trató de detenciones arbitrarias. “Mi defendido fue arrestado lejos del lugar y a destiempo. No existe un solo testigo que lo ubique en el ataque”, afirmó Andrés Játiva Aldaz, uno de los abogados. Resaltó que no se hallaron objetos, teléfonos o prendas que permitan vincular directamente a los 13 procesados con los daños. Los policías describieron la violencia de la multitud, pero sin dar nombres ni rasgos físicos.

"La Fiscalía debía presentar elementos de convicción claros, precisos y justificados que acrediten autoría o complicidad, y lo aportado resulta vago y meramente referencial. No existe un agente que afirme: 'yo le vi' realizando alguno de los actos descritos", agregó.

Mientras la Fiscalía sostiene la tesis de un ataque masivo contra la Policía.  Con la instrucción fiscal en marcha, la entidad tiene 90 días para determinar, ya sea con videos, fotos y pericias de identificación humana que los 13 procesados participaron de los hechos violentos. Por ahora, los investigados recibieron prisión preventiva. Están detenidos en el centro de privación de libertad de Manabí N° 4 y una persona en la cárcel de Esmeraldas.

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