Abogado de 12 detenidos en Otavalo denuncia hábeas corpus rechazado tras captura

Los 12 detenidos en Otavalo durante el paro nacional enfrentan una situación legal y de salud crítica. El abogado Raphael Banda asegura que su traslado a Portoviejo fue “injusto e ilegal”, incumpliendo la sentencia de la jueza que dispuso medidas específicas para garantizar derechos culturales y familiares. Según Banda, las disposiciones sobre mesas de diálogo intercultural no fueron respetadas por las autoridades.

“El SNAI debía ejecutar actos administrativos respetando la adaptabilidad cultural de los compañeros”, explica el abogado. Sin embargo, hasta ahora no se han instalado las mesas de diálogo, ni se han realizado las pericias antropológicas y sociológicas ordenadas. “La Fiscalía no ha hecho caso a la sentencia de la jueza”, añade Banda.

Falta de garantías y vulneración de derechos

Banda detalla que uno de los detenidos padece epilepsia y no recibe medicamentos ni atención médica especializada. Esto, afirma, viola los artículos 32 y 362 de la Constitución de Ecuador, dejando al afectado “totalmente desatendido”. Otro detenido presenta una discapacidad del 75%, pero igual fue arrestado durante las protestas. “Personas con discapacidad son quienes arrestan los policías sin justificación alguna”, denuncia el abogado.

La defensa también cuestiona la acusación de terrorismo. Los detenidos fueron arrestados horas después de los hechos y en lugares alejados de la supuesta instalación policial incendiada. Banda enfatiza que su intervención solo buscaba detener los gases que afectaban a familias y niños en el sector. “¿Qué acto terrorista es acercarse a pedir que dejen de lanzar gases?” pregunta el abogado, haciendo un llamado a la conciencia sobre el caso.

Acciones legales en curso y solicitud de diálogo

Ante la inadmisión del recurso de hábeas corpus, Banda anuncia que seguirán impulsando acciones legales. Se plantea solicitar formalmente que se instalen mesas de diálogo intercultural con la Fiscalía y el SNAI para garantizar condiciones justas y el respeto a los derechos de los detenidos. “El objetivo es resolver esta penosa situación que vulnera los derechos de todos nuestros compañeros”, agrega.

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El abogado hace un llamado a la sociedad para respaldar a los 12 detenidos y garantizar que sus derechos no sigan siendo vulnerados. La situación de salud y la acusación de terrorismo continúan siendo elementos críticos en este caso, que sigue generando preocupación entre familiares y líderes comunitarios de Otavalo.

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