Paro nacional Ecuador 2025
Fotografía del 24 de septiembre de 2025 de personas bloqueando una vía durante una manifestación, en Otavalo (Ecuador).José Jácome / EFE

La ONU pide iniciar un "diálogo urgente" en Ecuador tras la muerte de un manifestante

La Oficina de la ONU lamentó la muerte del comunero Efraín Fuerez, de la nacionalidad indígena kichwa, registrada en Otavalo

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur pidió este lunes 29 de septiembre que se inicie un "diálogo urgente" entre el Gobierno de Ecuador y las organizaciones sociales e indígenas, tras la muerte el domingo de un manifestante en el marco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa.

"Instamos al Gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un diálogo urgente, a fin de evitar una escalada de la conflictividad y encontrar soluciones", señaló el representante regional Jan Jarab en un comunicado.

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La Oficina de la ONU lamentó la muerte del comunero Efraín Fuerez, de la nacionalidad indígena kichwa, ocurrida el domingo en la localidad de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y la que convocó a las protestas, catalogó a esa muerte como "un crimen de Estado", al señalar que Fuerez fue asesinado por disparos de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, Jarab señaló que el Estado debía "investigar las responsabilidades por esta muerte de forma exhaustiva y transparente", garantizando "el acceso a la justicia para su familia y comunidad".

Con promotoras de salud comunitaria Achuar y Shuar, un programa de Fundación Pachamama, de hace dos años.

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El representante regional también solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en este contexto, incluidos doce militares.

La Oficina recordó que el Estado "es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden" y tiene la obligación de investigar "de manera eficaz, imparcial y oportuna un posible uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por agentes del orden" en el contexto de las manifestaciones.

"Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos", advirtió Jarab.

Indígenas denuncian "brutalidad" de militares

Este lunes, la Conaie denunció "la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa" y llamó al presidente Noboa a que "deje de sostener una postura de guerra contra el pueblo".

Noboa, por su parte, aseguró que el convoy humanitario que lideró en la noche del domingo hacia Imbabura y en el que iban también la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo; el embajador de Italia, Giovanni Davoli; y el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa, sufrió una "emboscada" por parte de quienes "se resisten a que Ecuador avance".

La Conaie ha asegurado que no darán "ni un paso atrás" en su decisión de protestar hasta que se derogue el decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel, mientras que el Gobierno de Noboa ha insistido en que tampoco va a negociar ni a retroceder en la medida, con la que el precio del combustible subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), pues ha señalado que el subsidio nunca favoreció a los más pobres sino a la minería ilegal y al contrabando.

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Además del manifestante fallecido, las protestas, que comenzaron el 22 de septiembre, registra también 48 heridos y más de cien detenidos, entre ellos una docena que fueron enviados a prisión preventiva tras ser imputados por terrorismo por parte de la Fiscalía.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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