Glacial recepción de la Asamblea al proyecto de la Presidencia de la República para combatir el crimen organizado. La Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública llegó el martes al Legislativo y voces de indiferencia se alzaron en todas las bancadas: que el problema de la inseguridad no se soluciona con leyes, dijeron, palabras más palabras menos. Desde Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática y presidente de la comisión que dará trámite al proyecto (la de Seguridad), hasta la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, pasando por el socialcristiano Esteban Torres, todos salieron con la misma obviedad. Prevalece la sensación de que la guerra contra el narcotráfico es un problema del Gobierno, no del país; por lo menos, no de la Asamblea.

Sin embargo, lo que el Ecuador tiene por delante no es un caso de delincuencia común que se fue de las manos, como ha ocurrido otras veces. Es una guerra abierta contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional que tienen en el país una base de operaciones estratégicas. Que semejante situación no se arregla con cambios en las leyes es apenas obvio, aunque también es verdad que ciertas disposiciones constitucionales contribuyeron a causarla y continúan entorpeciéndola. Aquella que prohíbe, por ejemplo, la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano se encuentra en el origen de este lío. Es una broma sangrienta que esa patriotera decisión correísta, adoptada en nombre de la soberanía, permitiera al Ecuador mantener las costas libres de soldados estadounidenses y las cárceles tomadas por carteles mexicanos.

Los cambios en las leyes no solucionan el problema pero hay reformas que son indispensables. El proyecto de Carondelet propone algunas: una nueva institucionalidad, incluyendo un Consejo Nacional de Política Criminal; la tipificación de nuevos delitos, como el de “terrorismo en centros de privación de la libertad”; incremento de las penas en delitos relacionados con el crimen organizado; medidas para disminuir la recurrencia de los jueces a la prisión preventiva y evitar así el hacinamiento en las prisiones... Una de las más importantes tiene que ver, precisamente, con cárceles y soberanía: consiste en incluir a los centros de detención en la lista de “sectores estratégicos de la seguridad del Estado”, lo cual permitirá atender con mayor eficacia las emergencias. Se plantea la figura de la “emergencia del Sistema de Seguridad Pública y del Estado” como un mecanismo institucional para atender crisis como las producidas recientemente en las cárceles del país sin necesidad de declarar el estado de excepción y poner en suspenso las garantías constitucionales.

Símbolo de los tiempos que corren, el proyecto del Gobierno introduce el concepto de “zonas del territorio nacional donde se ha disminuido la capacidad del Estado de ejercer sus atribuciones”, y propone, en “defensa de la soberanía e integridad territorial”, “acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional”.

Vuelta de tuerca inédita en la legislación ecuatoriana: entender la guerra contra el crimen organizado como un asunto de soberanía e integridad territorial. Al fin y al cabo, hace rato que el Estado perdió el control sobre las cárceles. Esta forma de plantear el problema permite al Gobierno volver sobre un tema polémico que, a pesar de su popularidad en redes sociales, es objeto de muchas resistencias: la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la delincuencia y en tareas relacionadas con la seguridad interna. La última vez que el país debatió al respecto, estaba muy cercana la experiencia de octubre de 2021 y los grupos autodenominados progresistas y de defensores de los derechos humanos (algunos de los cuales participaron con entusiasmo en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en esa fecha) lo vieron como una manera de ampliar las capacidades represivas de los gobiernos contra las protestas legítimas de los ciudadanos.

La participación de los militares en la seguridad interna, sin embargo, había sido ya consagrada en la Ley de Seguridad Pública y del Estado por el gobierno de Rafael Correa, en junio de 2014, y utilizada con escandaloso abuso un año más tarde, en la comunidad de Saraguro, por el entonces ministro de Defensa Fernando Cordero. Las imágenes de los militares lanzando bombas lacrimógenas al interior de las viviendas donde se encontraban niños y ancianos conmovieron al país. En mayo del año pasado, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la reforma correísta por ser “contraria a la naturaleza de las Fuerzas Armadas”. Hoy, el gobierno de Guillermo Lasso busca desvanecer esas preocupaciones al especificar que la participación de los militares se dará solamente “en la ejecución de tareas para prevenir o combatir al crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia que genera”. Al mismo tiempo, se incluye un artículo que trata específicamente el tema de las protestas: “En ningún caso el uso de la fuerza se usará para impedir el ejercicio pacífico del derecho a la protesta o resistencia de personas que no estén afectando servicios públicos ni derechos de terceros”.

Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria quedan englobadas en el proyecto de ley del Gobierno bajo la denominación de Fuerza Pública. A todas ellas competen las normas que regulan el uso progresivo de la fuerza, que pasarían así del ámbito de los reglamentos y las resoluciones ministeriales al de las leyes orgánicas. Otro proyecto de ley sobre esta materia fue presentado por el gobierno anterior en mayo del año pasado y reposa desde entonces en la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Resulta risible que el presidente de esa comisión, Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, se dedique ahora a reclamar al Gobierno con el argumento de que “ocho meses son tiempo suficiente para presentar la política criminal que el Ecuador necesita” (así escribió esta semana en un comunicado público), cuando él y su comisión han sido incapaces de sacar adelante un simple informe para primer debate en ese mismo tiempo.

Ahora, mientras el crimen organizado asesina todos los días en las calles del país, el proyecto del Gobierno tendrá que someterse a la misma parsimonia parlamentaria. La Comisión de Seguridad trabajará en la unificación de todas las propuestas presentadas, incluida una sobre el uso de animales de disuasión que la correísta Marcela Holguín habría hecho bien en presentar no ahora sino durante su gobierno, que tanto abusó de la Policía montada. Narváez dice que el informe para primer debate estará en mayo, plazo que considera “un récord”. No hay apuro: la inseguridad no se soluciona con leyes.

• Defensa gratuita para el policía

En cuanto a las normas que regulan el uso progresivo de la fuerza, no hay nada que inventar: los estándares internacionales contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego de las Naciones Unidas son bastante claros y el Gobierno los recoge casi textualmente en el capítulo primero de su proyecto de ley.

La novedad está en el artículo “sobre las investigaciones relacionadas al uso de la fuerza”. Aquí, el Estado garantiza el derecho de los policías a contar con patrocinio legal gratuito cuando son sujetos a investigaciones o procesos por actos de servicio, pudiendo elegir a su abogado de confianza o uno designado por el Ministerio de Gobierno.