Ley de Transparencia Social fue demandada en la Corte: ¿Cuál es el argumento?
Acción pública de inconstitucionalidad llegó a la Corte Constitucional en contra de la última ley urgente aprobada por ADN
La Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, ya enfrenta su primera acción pública de inconstitucionalidad. El 4 de septiembre de 2025 ingresó a la Corte Constitucional una demanda por “incurrir en vicios de inconstitucionalidad insubsanables en su proceso de formación”.
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La acción fue presentada por Carlos Heredia Fiallo. En su escrito señala el incumplimiento de la unidad de materia, la falta de deliberación en el proceso legislativo, la vulneración al derecho a la seguridad jurídica y la primacía de la Constitución.
La Ley de Transparencia Social fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 26 de agosto. El Ejecutivo, como ha ocurrido con anteriores proyectos económicos urgentes, no objetó la normativa. Así, esta fue enviada al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
Durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea, Mishel Mancheno, legisladora de ADN, defendió el informe del proyecto de ley. Afirmó que responde a una necesidad urgente e impostergable de cerrar las puertas a los flujos irregulares de capital.
Sin embargo, también hubo reparos, entre ellos del Partido Social Cristiano (PSC). El asambleísta Alfredo Serrano criticó que ADN no haya recogido sus observaciones. Reiteró que su partido no apoya leyes que generen nuevos impuestos. "No podemos castigar la reinversión de utilidades, por el contrario se debería premiar", manifestó en el Pleno.
El correísmo también cuestionó la normativa. A través de un comunicado, señaló que el cuerpo legal "es abiertamente inconstitucional" por violar la unidad de materia e incluir reformas a último momento.
Además, sostuvo que con esta ley el Ejecutivo "pretende blindar políticamente a altos funcionarios y a sus familiares, así como impedir auditorías y eliminar trazabilidad de investigaciones".
¿Cuál es la base de la demanda?
Entre otros puntos, Heredia cuestiona la ausencia de unidad de materia, una crítica que también se ha planteado en leyes como la de Solidaridad Nacional e Integridad Pública. Según el demandante, esto refleja la anulación del principio de deliberación democrática.
En el escrito se cuestiona incluso la comisión legislativa que tramitó el proyecto enviado por el Ejecutivo. “La Ley Orgánica de Transparencia Social, al ser una amalgama de materias inconexas, creó una paradoja constitucional irresoluble: ¿Cuál era la 'comisión que correspondía'?”, se lee en la acción de inconstitucionalidad.
En cuanto a la seguridad jurídica, Heredia advierte que “la práctica de legislar mediante leyes trole o leyes mosaico convierte al proceso de producción normativa en una fuente de incertidumbre radical. La seguridad jurídica exige que un ciudadano interesado en conocer las regulaciones sobre minería pueda acudir a la Ley de Minería y a los proyectos de reforma que sobre ella se debatan”.
El trámite de esta causa estará a cargo del juez constitucional Raúl Llasag.
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