Ley de Transparencia Social enfrenta al Pleno de la Asamblea: ¿Qué se incluyó?
El presidente de la Asamblea Niels Olsen convocó al Pleno para las 10:00 del 19 de agosto de 2025
La cuarta ley urgente del presidente Daniel Noboa enfrentará al Pleno de la Asamblea en primer debate el martes 19 de agosto de 2025. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a los legisladores para ese día a las 10:00.
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El Ejecutivo planteó esta normativa como un mecanismo para el control del financiamiento y uso de recursos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil. Un cambio que no sufrió variaciones en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno, fue el de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria asuma el control, la vigilancia, auditoría, intervención y supervisión de este tipo de organizaciones.
Para el Gobierno, las ONG manejan un flujo importante de recursos y, según sus datos, hay cerca de 600 millones de dólares en operaciones inusuales. Así, el Ejecutivo advierte que existe riesgo de injerencia por parte de grupos de delincuencia organizada.
Criterios para el control de las organizaciones no gubernamentales
En el artículo 5 del proyecto de ley se establecen los criterios para la aplicación de los mecanismos de control. Entre estos están el volumen de recursos administrados, el origen de los fondos (nacional o internacional), la naturaleza y finalidad de sus actividades, así como el número de beneficiarios y el historial de cumplimiento de las normas.
Con base en estos parámetros, también se tomará en cuenta el nivel de riesgo de las organizaciones en relación con temas como el crimen organizado y, por ejemplo, el lavado de activos.
Un registro para las organizaciones
El proyecto de ley también establece la creación del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. El mismo estaría a cargo del Ministerio de Gobierno.
“Las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, que operen en el territorio nacional, deberán registrarse obligatoriamente en el referido Sistema Unificado de Información, para iniciar sus operaciones. Sin el registro no podrán realizar sus actividades en el territorio ecuatoriano”, señala la propuesta para el primer debate.
¿Una medida contra las organizaciones sociales?
Las alertas respecto a la intención del proyecto de ley llegaron desde las mismas organizaciones de la sociedad civil. Se cuestionó que esta normativa pueda utilizarse en contra de organizaciones que se opongan al Gobierno.
Según se establece en el informe para primer debate, la disposición general primera señala que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”.
Tras el primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico podrá recoger las sugerencias que se planteen en el Pleno. Luego de ello, elaborará un nuevo informe para ser tratado en segundo y definitivo debate en el Pleno.
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