Ley de Inteligencia: ¿Qué se debatirá en la audiencia pública convocada por la Corte?
Más de 31 artículos de la Ley de Inteligencia serán analizados en audiencia virtual por la Corte
La jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes convocó a la audiencia de los casos 86-25-IN y 59-25-IN, acumulados, presentada por varias organizaciones sociales que cuestionan la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia. Según el comunicado oficial, “las demandas impugnan la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8,10,13,14,19, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53 y 55 de la Ley”.
La diligencia también revisará los reglamentos publicados en los Suplementos del Registro Oficial 57 del 11 de junio de 2025 y 81 del 15 de julio de 2025, así como la disposición general primera del Reglamento General. La convocatoria subraya que la audiencia se realizará a través de la plataforma Zoom y permitirá la participación de amicus curiae designados por la jueza.
Participación de partes y amicus curiae
Según el comunicado, “las partes procesales y amicus curiae deberán registrarse en el correo maria.zambrano@cce.gob.ec, desde las 12h00 del 18 de agosto de 2025 hasta las 12h00 del 28 de agosto de 2025”. Esto garantiza la inclusión formal de los argumentos de los participantes antes de la sesión.
La Corte enfatiza que los amicus curiae podrán remitir sus argumentos por escrito, incluso si no participan de manera directa en la audiencia. La magistrada sostiene que la diligencia busca asegurar un debate amplio y transparente sobre la constitucionalidad de la Ley y sus reglamentos.
Transmisión y seguimiento de la audiencia
La audiencia será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Corte Constitucional, lo que permitirá a la ciudadanía seguir el proceso sin necesidad de estar presente físicamente. “La referida audiencia será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Corte Constitucional”, señala el comunicado.
Los expertos legales destacan que este tipo de audiencias públicas facilitaría el control social y garantizaría que las acciones de inconstitucionalidad sean revisadas con la mayor transparencia. La transmisión virtual además busca ampliar la participación y visibilidad del proceso judicial.
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