Ley de Integridad Pública: Presidencia desistió de pedir más tiempo a la Corte
El secretario jurídico de la Presidencia Stalin Andino envió una nueva solicitud a la Corte Constitucional. ¿Qué pasó?
El Gobierno de Daniel Noboa finalmente desistió de su pedido para diferir la audiencia pública respecto a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, además solicitó que la diligencia sea presencial.
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El 12 de agosto pasado, Andino remitió a la Corte una solicitud para que se tome en cuenta el plazo que se otorga para preparar una defensa en causas como estas. El secretario jurídico basó su pedido en artículos de la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
“Solicito que dentro de los casos 78-25-IN y 84-25-IN, acumulados al caso 52-25-IN, se me conceda el término de 15 días, contados a partir de la notificación de los respectivos autos de admisión”, se lee en el escrito del 12 de agosto.
Sin embargo, otro pedido fue remitido a la misma entidad con fecha 14 de agosto de 2025. En el escrito se establece el desistimiento de la primera solicitud: “Desisto de dicho requerimiento, y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”.
Un desistimiento en medio de la pugna
La audiencia pública convocada por la Corte Constitucional está prevista para el 18 de agosto de 2025. Todo esto en el marco del proceso para emitir una sentencia sobre las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley impulsada por el Ejecutivo y aprobada por su bancada en la Asamblea Nacional.
Esto ocurre después de que la Corte suspendiera provisionalmente uno de los artículos de la Ley de Integridad Pública, en el que se allanaba el camino para que las cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en bancos.
La suspensión de ese artículo y otros de las leyes de Solidaridad Nacional e Inteligencia originó una confrontación impulsada por el Ejecutivo, que culminó con una marcha realizada el pasado 12 de agosto de 2025.La posición de la Asamblea
El pedido de la Asamblea para que se difiera la audiencia
La Asamblea también planteó un pedido para que se difiera la audiencia, el 13 de agosto de 2025. “Alertamos al país que la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder y defenderse de forma apropiada”, señaló el Legislativo en un comunicado.
En el mismo tono que la Presidencia, el Legislativo sostuvo que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales otorga el término de 15 días para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso.
El plazo, según la Asamblea, se redujo a siete días al convocar de manera anticipada la audiencia pública. También se refirió a las otras demandas en contra de las leyes que aprobó. “En las otras demandas mencionadas se concedió únicamente tres días para la contestación, reduciendo 12 días a lo que establece la ley. Esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica”, indicó.
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