Ley de Integridad Pública: La Asamblea pide tiempo a la Corte Constitucional
El Legislativo envió pedido a la Corte para contar con el tiempo que considera necesario para armar su defensa
La resolución de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública no era tan urgente. El Ejecutivo y el Legislativo, directamente involucrados en el impulso y aprobación de esa ley económica urgente, solicitaron que se difiera la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para el 18 de agosto de 2025.
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En el caso de la Presidencia de la República, la solicitud fue ingresada a la Corte el mismo día en que el Gobierno impulsó una marcha en contra de la suspensión de 17 artículos de tres leyes, entre ellas la de Integridad Pública.
El pedido del Legislativo fue presentado el 13 de agosto de 2025, es decir, un día después de la marcha. Está firmado por Mercedes Mediavilla, procuradora judicial del presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
¿Qué argumentó la Presidencia?
Según el escrito enviado, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, argumentó que se requiere tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, con base en el artículo 76 de la Constitución.
“Solicito que dentro de los casos 78-25-IN y 84-25-IN, acumulados al caso 52-25-IN, se me conceda el término de 15 días, contados a partir de la notificación de los respectivos autos de admisión”, se lee en el escrito.
La postura de la Asamblea
Por su parte, el Legislativo emitió un comunicado en el que ensayó una justificación para su pedido. “Alertamos al país que la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder y defenderse de forma apropiada”, se señaló en el escrito.
En el mismo tono que la Presidencia, el Legislativo planteó que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales otorga el término de 15 días para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso.
El plazo, según la Asamblea, se redujo a siete días al convocar de manera anticipada a la audiencia pública. También se refirió a las otras demandas en contra de las leyes que aprobó. “En las otras demandas mencionadas se concedió únicamente tres días para la contestación, reduciendo 12 días a lo que establece la ley. Esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica”, indicó.
Artículos suspendidos
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, este último controlado por el oficialista ADN, arremetieron contra la Corte Constitucional después de que esta suspendiera varios artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia.
La confrontación con el máximo órgano de interpretación constitucional del país llegó a su punto más alto cuando, el pasado 12 de agosto de 2025, Noboa encabezó una marcha como medida de presión hacia ese organismo.
Ese día, en el recorrido de la marcha se colocaron vallas en las que se mostraron los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional bajo el título: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
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