Las consecuencias legales de tener deudas con el SRI para los funcionarios públicos
Expertos explican qué pasa si un funcionario tiene deudas con el SRI en Ecuador
Mantener obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas puede tener implicaciones dentro del sector público. La normativa ecuatoriana establece restricciones para quienes buscan ingresar a la función estatal y define cómo deben manejarse estos casos cuando la deuda aparece mientras una persona ya ejerce un cargo. Especialistas en derecho tributario explican qué dice la ley y cuáles son las posibles consecuencias.
El abogado tributarista Alfonso Ríos explica que la normativa establece condiciones claras tanto para quienes buscan ingresar al sector público como para quienes ya ejercen funciones.
Inhabilitación y sanciones administrativas
El marco legal establece que los servidores públicos deben estar al día en sus obligaciones tributarias. Una deuda con el SRI puede derivar en restricciones administrativas, especialmente en procesos de selección o concursos dentro del sector público.
Según Ríos, existen impedimentos que pueden afectar directamente el acceso a un cargo estatal.
“Hay diferentes tipos de requisitos para poder entrar a la función pública que se debe demostrar. Entonces hay inhabilidades especiales y hay impedimentos”.
El especialista detalla que, cuando una persona participa en un concurso público y mantiene obligaciones pendientes con el Estado, esto puede frenar su proceso.
“Si tú estás dentro de un concurso y se muestra que hay algún tipo de obligación con el Servicio de Rentas Internas o con el gobierno en general, lo que sucede es que se incurre en una inhabilidad especial, y eso impide que el concurso pueda seguir adelante respecto de la persona que se está postulando”.
Estas disposiciones buscan garantizar que quienes administran recursos públicos cumplan previamente con sus responsabilidades fiscales.
Qué ocurre cuando la deuda aparece mientras ya es funcionario
La situación cambia cuando la persona ya se encuentra ejerciendo un cargo público. De acuerdo con el especialista, la normativa no establece automáticamente la destitución por este motivo. “Cuando eres funcionario público, esas inhabilidades especiales en primer orden no deben ser una razón de remoción”.
En estos casos, la obligación principal del servidor público es regularizar su situación tributaria y demostrar que la deuda ha sido cancelada. “Si tú ya eres un funcionario público, lo que tienes que hacer es pagar y mostrarle a recursos humanos que has pagado para que todo esté saneado”.
No obstante, en la práctica pueden generarse procesos administrativos dependiendo de la institución o de las decisiones de control interno. “Sí se ha dado casos en la práctica en donde se ha indicado, mira, si tú estás con obligaciones y por eso te vamos a remover”.
El abogado explica que esta interpretación puede ser discutida desde el punto de vista legal, ya que la norma diferencia entre inhabilidad e impedimento. “Tener una obligación con el Estado es una inhabilidad especial, no un impedimento”.
La inhabilidad por mora en la Ley Orgánica del Servicio Público
Bajo esa misma línea, el abogado tributarista Jorge Muñoz explica que la normativa ecuatoriana contempla restricciones específicas para quienes mantienen obligaciones pendientes con el Estado. Según detalla, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el art. 9, establece la llamada inhabilidad especial, una figura jurídica que puede impedir el acceso a un cargo dentro del sector público.
De acuerdo con el especialista, la ley es clara respecto a quienes mantienen deudas con la administración tributaria. “La ley orgánica del servicio público establece claramente que las personas en mora con entidades del estado, en este caso el SRI, no pueden acceder a un cargo público”, señala. Sin embargo, precisa que esta condición no necesariamente es definitiva, ya que el ciudadano puede regularizar su situación. En ese sentido, indica que “se puede subsanar este impedimento relativo o esta inhabilidad”.
No obstante, el escenario cambia cuando la deuda aparece una vez que la persona ya ejerce funciones dentro de una institución pública. En esos casos, la legislación establece límites a las posibles sanciones. Según Muñoz, si el servidor ya fue nombrado y posteriormente surge la mora, “ya no lo puedes sacar”, ya que la norma no contempla esta situación como causal directa de destitución.
En esa línea, el abogado tributarista Jorge Muñoz explica que, si el funcionario ya se encuentra en el cargo, la deuda con el Estado no puede utilizarse automáticamente como causal de salida. Según señala, “no puede ser motivo de una sustitución en contra de tu nombramiento, en contra de tu contrato”, ya que hacerlo “estaría vulnerando el derecho al trabajo como tal”, por lo que la norma apunta más bien a que el servidor regularice su situación tributaria.
Impacto en la confianza ciudadana
Sin embargo, el incumplimiento tributario por parte de funcionarios públicos genera un impacto directo en la confianza ciudadana. La percepción de que quienes deben velar por el cumplimiento de la ley no cumplen con sus propias obligaciones erosiona la credibilidad del Estado y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
En este sentido, la transparencia fiscal se convierte en un pilar fundamental para fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad. La rendición de cuentas y el cumplimiento tributario son elementos esenciales para consolidar una gestión pública ética y responsable.
