¿Empujando para que pase? La posibilidad de reactivar el juicio político pendiente contra el presidente saliente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional, que se posesionará en las próximas semanas, va tomando nuevamente cuerpo y estaría a una moción de distancia de que suceda.

Aunque no son parte de las motivaciones del enjuiciamiento, la crisis energética que vive el país y que ha generado apagones a nivel nacional, más el altercado (que, por ahora, parece superado) por el presupuesto para el funcionamiento de la Función Legislativa parecen dar nuevas excusas, entre otras, para traerlo al debate.

Para la Revolución Ciudadana, que impulsó el juicio político inconcluso, habría todo el aval jurídico para reabrir el caso, pero reconocen que están a expensas de la voluntad política de los asambleístas de otras fuerzas partidistas.

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“A nosotros no nos pregunten eso, porque fuimos los que llevamos adelante el juicio que, ahora con la investigación abierta por la Fiscalía contra su cuñado, se nos da la razón. Faltaría una moción y ver quiénes se suman para que siga. Somos 52 votos, pero necesitamos más de 90”, recordó la legisladora reelecta Paola Cabezas.

El correísmo tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC) en este enjuiciamiento. Sin embargo, su presidente nacional, Alfredo Serrano, ha dicho que no están interesados en reactivarlo y gastar días importantes en temas que, por ahora, no consideran trascendentales.

Las otras bancadas aún lo piensan y ponen en la balanza los pros y contras. La segunda más fuerte es la de Construye y su legisladora Ana Galarza le dijo a EXPRESO que no está descartado fiscalizar al gobierno saliente, pero priorizando las cosas que son urgentes para el país. Además, que el presidente está a punto de irse.

“Obviamente, eso no implica que no se vaya a fiscalizar la gestión y, sobre todo, la no gestión de este gobierno que, en hora buena, ya se va, pero no solo depende de Construye, sino del resto de bancadas legislativas”, señaló la asambleísta por Tungurahua.

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En la alianza ADN, que apoya al presidente Daniel Noboa, están con las agendas muy “complicadas” como para referirse al tema. Las cinco legisladoras de Pachakutik no han tomado una postura al respecto, pero Mariana Yumbay, asambleísta electa, asegura que no solo la crisis energética, sino otras acciones del gobierno del presidente Lasso deben ser tomadas en cuenta a la hora de admitir una decisión en el Legislativo contra él o algunos de sus funcionarios.

Desde el gobierno, aseguran que jurídicamente retomar el juicio político es un absurdo por varios factores. El ministro Henry Cucalón, le dijo en días pasados a este Diario que para empezar la mayoría de legisladores que conformarán la nueva Asamblea no son los mismos que estaban en la disuelta por lo tanto no conocen el expediente que, en su momento, fue criticado por el Ejecutivo.

Los tres legisladores electos de la alianza Claro que se puede, que apoyó a Yaku Pérez, que se ubicó sexto en la contienda del 20 de agosto, sí estarían dispuestos a apoyar la continuación del juicio político y a votar por la destitución del presidente Lasso si se llegara a proponer.

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Energía en mira fiscalizadora

Más que en el presidente Guillermo Lasso, en la Asamblea los ojos están puestos sobre el ministro de Energía, Fernando Santos, a quien apuntan como responsable de la crisis de energía.

Debe ser la prioridad en Fiscalización, señaló Paola Cabezas, asambleísta reelecta. Santos podría ser censurado hasta un año después de haber dejado el cargo.

Galarza coincide en que hay que fiscalizar a todo funcionario cuya actuación se haya cuestionado. Sin embargo, no está segura que se lo pueda hacer de inmediato, porque hay varios juicios políticos en la anterior Asamblea Nacional que deben se evacuados primero.

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