
John Reimberg critica liberación de sospechosos en caso de asesinato en Quito
El ministro expresó su inconformidad ante la decisión judicial que otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva
El ministro del Interior, John Reimberg, expresó su inconformidad ante la decisión judicial que otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva para dos individuos detenidos por su presunta participación en el asesinato de Daniel Eduardo, ocurrido el pasado 29 de julio en el sector de Tumbaco, al oriente de Quito.
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Según informó Reimberg a través de la red social X, tras el levantamiento del cadáver y las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED), la Policía Nacional aprehendió en flagrancia a dos sospechosos: un ciudadano ecuatoriano y otro venezolano.
Las autoridades presentaron como evidencia videos de vigilancia, el uso de un vehículo tipo taxi en el que se habrían movilizado los implicados, y otros elementos que, según el ministro, justificaban la aplicación de prisión preventiva.

Los detenidos recibieron prisión preventiva
Sin embargo, durante la audiencia de calificación de flagrancia, la fiscal del caso, Diana Magaly Moya, solicitó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, lo que permitió que ambos sospechosos quedaran en libertad. Reimberg criticó duramente esta decisión, señalando que uno de los detenidos, el ciudadano venezolano Yonathan José, mantiene procesos penales pendientes en su país de origen.
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“¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de justicia?”, cuestionó el ministro, quien además reiteró su compromiso de hacer públicos los nombres de jueces y fiscales que, a su criterio, favorezcan a presuntos delincuentes con decisiones judiciales que no se alinean con el interés público.
El pronunciamiento de Reimberg se suma a una serie de críticas institucionales sobre la actuación de de jueces y fiscales en casos de violencia extrema, en medio de un contexto nacional marcado por el incremento de delitos graves y la exigencia ciudadana de mayor firmeza en la administración de justicia.
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