Human Rights Watch denuncia uso excesivo de fuerza en protestas en Ecuador
La organización internacional acusó al Gobierno de Daniel Noboa de emplear fuerza excesiva
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador han incurrido en uso excesivo de la fuerza y restricciones a la libertad de reunión en el marco de las protestas que se desarrollan desde mediados de septiembre.
Según HRW, la mayoría de las manifestaciones convocadas por el movimiento indígena tras la eliminación del subsidio al diésel fueron pacíficas, aunque se registraron episodios de violencia aislada. Sin embargo, la respuesta estatal incluyó la movilización de militares, el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y armas “menos letales”, así como la criminalización de líderes sociales y ambientales.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que el Gobierno debe respetar los derechos de los manifestantes y atender sus demandas. “Cualquier manifestante que participe en actos violentos debe ser investigado, pero eso no justifica estigmatizar a otros ni hacer un uso excesivo de la fuerza”, afirmó.
Subsidios, estado de excepción y militarización
El origen de las protestas se remonta al 12 de septiembre, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel, lo que provocó un aumento de más del 50 % en su precio. El Gobierno justificó la medida alegando que el subsidio representaba un gasto anual de 1.100 millones de dólares y comprometía la sostenibilidad fiscal.
La decisión generó un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros movimientos sociales, quienes también reclamaron por el deficiente acceso a salud y educación, además de rechazar actividades extractivas en territorios indígenas.
El 16 de septiembre, Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión y desplegando a las Fuerzas Armadas. Aunque la Corte Constitucional limitó la medida a dos provincias, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto el 4 de octubre que amplió la militarización a diez provincias adicionales.
Denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos
HRW verificó al menos 15 videos en los que se observa a policías y militares dispersando manifestaciones pacíficas con gas lacrimógeno lanzado de forma peligrosa y proyectiles disparados a corta distancia. En uno de los casos, en Otavalo, un agente disparó directamente contra un manifestante que huía, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
La organización también documentó la muerte de Efraín Fueres en Cotacachi, Imbabura, el 28 de septiembre. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Fueres falleció por una herida de bala en la espalda. Videos verificados muestran que fue golpeado por militares tras haber sido alcanzado por gas lacrimógeno. La Fiscalía abrió una investigación por presunto uso ilegítimo de la fuerza.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador reportó hasta el 18 de octubre 377 violaciones de derechos humanos, con al menos 296 personas heridas, dos fallecidas y 205 detenidas. Algunos manifestantes enfrentan cargos de “terrorismo”.
Restricciones a la libertad de expresión y asociación
Además de los abusos en las calles, HRW denunció medidas estatales que afectan la libertad de expresión y asociación. El 22 de septiembre, la agencia reguladora suspendió por 15 días al canal comunitario TV MICC, alegando motivos de seguridad nacional. Otros medios comunitarios reportaron suspensiones similares.
Asimismo, desde el 19 de septiembre, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas, basándose en informes de inteligencia “secretos”. La nueva Ley de Transparencia Social permite al Gobierno congelar fondos y disolver organizaciones sin orden judicial, lo que ha sido criticado por expertos como un retroceso en materia de derechos civiles.
El 25 de septiembre, la Fiscalía abrió una investigación por “enriquecimiento privado injustificado” contra más de 50 líderes sociales, incluidos dirigentes de la CONAIE y colectivos ambientales como Yasunidos y Fundación Pachamama.
Para HRW, estas acciones configuran un patrón de criminalización de la protesta social y de debilitamiento de la sociedad civil. “El gobierno ecuatoriano debe garantizar la rendición de cuentas por los abusos y reconocer la importancia de los problemas que los manifestantes están planteando en las calles”, concluyó Goebertus.
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