Unas declaraciones de la madre del prefecto Carlos Luis Morales a su ingreso al hospital donde su hijo había fallecido de un infarto, dieron pie a que desde las redes sociales varios políticos, cuyo historial está marcado por investigaciones políticas y judiciales, acusaran a los medios de la muerte, los culparan por cumplir su deber de informar y revivieran el derogado artículo del linchamiento mediático, que estaba dentro de la Ley de Comunicación.

Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Virgilio Hernández fueron algunos de los personajes que utilizaron la muerte del prefecto para invocar, también a su favor, el artículo en sus redes sociales, por medio de tuits o retuits.

“Moreno, tal vez el hombre más nefasto de la historia del país, por su pacto con los medios de comunicación, derogó la figura de ‘linchamiento mediático’. Ya no tenemos cómo defendernos del odio y abusos de la prensa. Hoy lloramos lágrimas de sangre”, escribió el expresidente Rafael Correa, creador de una figura para, sin pasar por la justicia, tratar de acallar con sanciones a los medios por medio de procesos administrativos donde la Supercom era juez y parte, como después calificó el Cordicom.

Sobre Correa pesa una sentencia en primera instancia de ocho años por el delito de cohecho agravado por recibir aportes indebidos, a través de su grupo político, a cambio de adjudicar contratos del Estado entre 2012 y 2016. Un hecho de corrupción que se descubrió gracias a una investigación periodística realizada por el portal Mil Hojas. Correa, según ha dicho él mismo, tiene abiertas más de 20 investigaciones judiciales por delitos como delincuencia organizada y peculado.

Por el caso Sobornos también fue sentenciada María de los Ángeles Duarte, quien fue ministra de Transporte de Correa. Ella, además de compartir en su cuenta oficial un sinnúmero de mensajes que hacían alusión al supuesto “linchamiento” realizado por los medios (pese a que en una reciente entrevista con EXPRESO reconoció la labor de este Diario en el juicio donde ella fue condenada) que investigaron e informaron de las acciones judiciales que se realizaron en la Prefectura, también se pronunció.

“Esta muerte pesa sobre la Fiscalía General del Estado, que persigue a quien no acolite su show; (sobre el) Partido Social Cristiano, que por cálculo político decidió usar a Carlos Luis Morales como chivo expiatorio; (sobre) la Policía, que pone el grillete sobre la vida, y especialmente sobre la prensa corrupta por su práctica de linchamiento mediático”, escribió Duarte y mencionó a la cuenta del expresidente Correa.

Viviana Bonilla, asambleísta nacional, y Christian Viteri, exlegislador de PAIS, no escribieron nada, pero sí compartieron mensajes en los que otras personas o colectivos atacaron a los medios por la muerte del prefecto. “Morales fue víctima de la prensa sicaria”, retuiteó Bonilla, mientras que Viteri compartió otro tuit que decía: “Lo que hemos vivido por casi tres años de este gobierno corrupto: (...) linchamiento mediático selectivo”.

Ambos también fueron sentenciados y recibieron ocho años de prisión por el caso Sobornos junto a Correa, Duarte y otros más.

Otros políticos como Sofía Espín, Alexandra Arce y Virgilio Hernández, vinculados con la gestión o el partido que lideraba Rafael Correa, también se unieron a la ola de críticas y acusaciones por un supuesto linchamiento por parte de los medios de comunicación.

“¿Creen que el lawfare, el linchamiento y la sentencia mediática no tienen consecuencias? ¡Paz en la tumba del prefecto Carlos Luis Morales!”, escribió Espín, quien fue destituida por la Asamblea por “incompatibilidad de funciones” al visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro de Fernando Balda, donde se involucra Rafael Correa. Arce, quien fue investigada por las protestas realizadas en octubre en Durán, habló de un “acoso intolerable de la prensa”, mientras que Hernández, investigado por rebelión también por las revueltas de octubre, dijo que “ojalá esta muerte sirva para que los medios no sigan sentenciando antes de debido proceso y sentencia ejecutoriada”.