En abril de 2023, un mes antes de la muerte cruzada, la fiscal general Diana Salazar ya advertía de un mal que padecía, y según analistas consultados por este Diario sigue padeciendo, la Asamblea Nacional: el hostigamiento fiscalizador.

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Pese a que la fiscalización es una atribución constitucional del Legislativo, que lo faculta a fiscalizar al resto de funciones del Estado y órganos del poder público, esta no ha sido ejercida de una manera técnica, sino netamente política, sostienen un miembro de la sociedad civil organizada y un exlegislador.

De hecho, desde el período legislativo anterior (2021 - 2023), la Asamblea Nacional ha creado, al menos, siete comisiones ocasionales para tratar diversos temas de coyuntura; además de los incontables pedidos de información y pedidos de comparecencias de diversas autoridades del Estado.

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La propia fiscal general fue objeto de hostigamiento, según calificó en su momento a los insistentes pedidos de información y comparecencias de la bancada correísta entonces representada por Unión por la Esperanza (UNES), al ser solicitada por más de 40 ocasiones a diferentes mesas legislativas de la Asamblea Nacional.

El nuevo Legislativo no se ha quedado atrás. Hasta el momento, han fiscalizado la crisis energética, retomado el caso León de Troya, los impedimentos legales de funcionarios del régimen de Lasso y de Daniel Noboa; el crimen de Fernando Villavicencio (+) y, al regreso del receso parlamentario, el denominado caso Purga, entre otros.

Esta fiscalización descontrolada, según Mauricio Alarcón, jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, genera el efecto contrario al mandato constitucional de la Asamblea Nacional: obstruir el trabajo del Estado sin generar aportes significativos que apunten a mejorarlo.

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“La creación de comisiones ocasionales con cualquier fin entorpece el trabajo legislativo porque distrae a los asambleístas de sus funciones principales”, sostiene y recuerda que, pese a que todos los legisladores tienen la facultad de hacerlo, el control político ya está designado a la mesa de Fiscalización.

Entonces, ¿por qué en cada Legislatura hay interés por multiplicar los frentes de fiscalización? Según continúa Alarcón, la respuesta es sencilla: “El interés de hacerlo va en línea de buscar ser parte del foco de atención de la coyuntura. Nada más”, sobre todo si son partidos electoralmente vigentes.

Sostiene que, sin necesidad de dividir la fiscalización en comisiones por fuera de la ya establecida para aquello, los 137 asambleístas tienen la capacidad de fiscalizar a través de los pedidos de información, entre otros mecanismos previstos para ejecutar el control político de los funcionarios públicos.

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Incluso recuerda que la búsqueda de protagonismo en la fiscalización puede generar excesos como el suscitado en la mesa ocasional que investiga el magnicidio de Fernando Villavicencio. En dicha ocasión, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, y la asambleísta correísta Mónica Palacios tuvieron un roce que terminó en una sanción escrita para la legisladora.

Precisamente, estas situaciones son las que, a criterio del exasambleísta Ramiro Narváez, muestran que los procesos de fiscalización de la Asamblea Nacional “no le aportan nada al país” y que el resto de mecanismos de fiscalización, como los pedidos de información y comparecencias, se vuelven infructuosas si se las emprende desde una óptica política y no técnica.

“Hay que llamar a una autoridad cuando de verdad se quiere saber algo, no llamarlo por todo”, acota y resalta que, tanto en la Legislatura anterior (a la que él perteneció) como la actual, la agresión al funcionario de Estado es innecesaria y desnaturaliza la atribución fiscalizadora de la Asamblea.

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Así como Mauricio Alarcón señaló que las mesas ocasionales se han convertido en espacios de protagonismos para los actores políticos, Narváez hace hincapié en que las solicitudes de juicio político también se fundamentan en intereses particulares y no valoraciones técnicas de las cuestionadas actuaciones de los funcionarios del poder público.

“Más allá de si hubo o no una irregularidad, en los juicios políticos terminan valorando más el peso del enjuiciado”, continúa el exlegislador Narváez y sentencia que, a la final, se ha mal utilizado la fiscalización para revanchismos políticos. Según acota, para evitar el abuso, es necesario establecer una norma que guíe la fiscalización, evidenciando la necesidad, el interés y la importancia.

• Un trabajo que hace ruido, pero no tiene consecuencias

El exlegislador Ramiro Narváez señala que, pese a los diversos frentes de fiscalización que se pueda abrir la Asamblea Nacional, el trabajo de los legisladores no tiene mayores consecuencias.

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“No hay consecuencia penal, no es que se demuestra que hubo o no sobornos o algún tipo de delito o irregularidades”, continúa el exasambleísta, quien sostiene que por esa razón la fiscalización debe tener un sentido para no malgastar tiempo.

Sin embargo, hace hincapié en que la mayoría de casos los procesos de fiscalización responden a tiempos políticos y que, en los trámites previstos por la normativa, se termina evidenciando.

“Es político”, dice Narváez que suele ser la respuesta de la mayoría de asambleístas que interpelan en procesos de fiscalización, desnaturalizando la facultad legislativa y empañando la imagen de la Asamblea Nacional.

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