Era 5 de diciembre del 2023. Hace menos de un mes la nueva Asamblea Nacional se había instalado y el Partido Social Cristiano (PSC), igual que otros bloques legislativos, ya adelantaba cuál sería una de sus prioridades en el resto del período, que culminará en 2025.

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“Hemos decidido suscribir el pedido de juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el vocal Xavier Muñoz y la exvocal Maribel Barreno” anunciaba la bancada socialcristiana a través de un comunicado que llegó a interesar hasta algunos jueces de la Corte del Guayas.

Un día después de que el socialcristianismo anunciara su apoyo al juicio político, el comunicado aterrizó en un grupo creado por Mayra Salazar con al menos ocho jueces de la Corte del Guayas, entre ellos su expresidenta Fabiola Gallardo, ahora procesada en el caso Purga.

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Según los chats del caso Purga, el usuario identificado como Fg 73 llega con la noticia al grupo sin soltar ningún comentario, pero generando interés en el resto. “Sin el bloque de la RC5 (Revolución Ciudadana) no llegan a los 92 votos”, comenta el usuario identificado como la magistrada Marcela Ortega.

En junio de 2021, Ortega dictó llamamiento a juicio en contra de 16 de los 23 procesados por un presunto delito de peculado donde estaban involucrados exfuncionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre ellos su exdirector Luis Enrique Jairala Zunino.

“¿Crees que la RC5 (Revolución Ciudadana) no va a apoyar?”, saltó inmediatamente Ronald Cevallos, quien minutos después propondría que, antes del viaje a la cumbre en Manta que habían sido invitados, hagan un ‘after office’ entre los integrantes del grupo.

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Ortega modula su comentario y asiente: “pienso igual, por eso digo sin ese bloque (RC5) no hay nada”. Cevallos, por su lado, parecía tener claro el panorama: “si me apoyas con Diana (Salazar), yo te apoyo acá. Así de simple. Saliendo Diana (Salazar) del ruedo, da igual el Consejo de la Judicatura”.

La lectura de Cevallos se basó en que una semana antes de que el Partido Social Cristiano anuncie su respaldo al juicio político a los miembros de la Judicatura, el correísmo había oficializado su solicitud de control político a la fiscal Diana Salazar. Misma que después terminaría siendo calificada.

Sin más reacciones del resto de jueces que integraban el grupo creado por Mayra Salazar, el magistrado Johan Marfetán, también procesado en el denominado caso Metástasis, cae con otra noticia. Esta ocasión, de las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre difundir los rostros de los jueces que fallen a favor de los criminales.

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Ese mismo 6 de diciembre de 2023, con motivo de las fiestas de Quito, Noboa adelantaba lo que haría con los funcionarios asociados al crimen organizado: “Debe empezar a existir vergüenza pública. Si un fiscal o juez suelta a un líder de una banda, lo publicaremos en los diarios y en los canales para que la gente sepa”.

Tan solo una semana después, Marfetán, Gallardo y Salazar serían objeto de allanamientos y exposición pública en los casos Metástasis y Purga, seguidos por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, para ese momento, su única preocupación era decidir si alquilarían o no un yate en Manta.

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