Crisis energética en Ecuador: la industria no puede pagar sola la factura

La desconexión eléctrica del sector industrial aumentará a 72 horas semanales desde el 12 de octubre. En menos de tres semanas, la medida pasó de uno a dos y ahora a tres días sin suministro para determinadas empresas. La rapidez con la que se amplían las restricciones demuestra la gravedad de una crisis energética cuya factura vuelve a trasladarse al sector productivo.

La prioridad de proteger el servicio en los hogares es comprensible. Ningún ecuatoriano quiere regresar a las jornadas de apagones que alteraron la vida cotidiana y provocaron pérdidas millonarias. Pero evitar cortes residenciales a costa de paralizar fábricas, exportadoras y otras actividades esenciales no resuelve el déficit: apenas cambia de lugar sus consecuencias.

Tres días sin energía golpean la producción

Una industria no puede apagar sus operaciones durante 72 horas y retomarlas sin efectos. Hay procesos continuos, maquinaria que requiere funcionamiento permanente y cadenas de producción y frío que no admiten interrupciones. En el sector camaronero, además, se trabaja con organismos vivos cuya supervivencia depende del suministro eléctrico.

Cada hora de desconexión implica menor producción, costos adicionales, retrasos en las entregas y pérdida de competitividad. Si las empresas producen menos, el impacto terminará alcanzando el empleo, las exportaciones y la recaudación estatal. Proteger a los hogares mientras se debilita la fuente de ingresos de miles de familias es una contradicción que no puede sostenerse indefinidamente.

El Gobierno debe transparentar la magnitud del déficit, presentar un cronograma claro y explicar qué soluciones de generación y contingencia impedirán nuevas ampliaciones. También debe coordinar con el sector privado mecanismos que distribuyan el esfuerzo sin poner en riesgo actividades estratégicas.

Desconectar al sector productivo durante tres días no es una solución energética: es poner al país a producir con una mano atada.