Fiscalía pide la prisión preventiva para los familiares de alias Fito
La causa es por un presunto lavado de activos del narcotráfico
La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para 10 personas y la incautación de 30 inmuebles en un caso de lavado de activos vinculado al narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. En el proceso judicial, que investiga a 11 familiares del líder criminal, la Fiscalía también pidió la clausura de cuatro empresas.
La jueza del caso dispuso que la audiencia sea reservada. La Defensoría Pública pidió esta medida, argumentando que se trataba de un tema delicado, pese a que el Código Penal establece la reserva solo para casos de violencia sexual o contra la mujer o contra la seguridad del Estado.
La reinstalación de la diligencia está prevista para el 8 de septiembre a las 09:00 en Quito. Durante la audiencia, los abogados de los procesados se pronunciarán sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y pedirá otras como la presentación periódica.
Mientras tanto, ‘Fito’ fue extraditado a Estados Unidos, donde tiene programada una audiencia el próximo 19 de septiembre de 2025 ante la jueza Vera M. Scanlon, del Distrito Este de Nueva York.
Una red de familiares para lavado, según la Fiscalia
Para la Fiscalía, alias 'Fito', no solo abarca sus crímenes directos como líder de la banda criminal Los Choneros, sino que también se extiende a una compleja red de lavado de activos.
Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía han revelado que el narcotraficante utilizaba a su círculo familiar más cercano, incluyendo a sus padres, hermanos, hijos y cuñados, para dar una apariencia de legalidad al dinero que obtenía de actividades ilícitas.
Esta red de lavado de activos, denominada en operativos policiales como Blanqueo Fito, se estructuraba en diferentes "brazos" que manejaban empresas fantasma, transacciones financieras inusuales y la compra de bienes inmuebles de alto valor, a pesar de que algunos de sus familiares no tenían ingresos declarados o estos eran muy bajos. La magnitud de las transacciones irregulares ha superado los $ 24 millones en un período de ocho años.
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