Fiscalía abre segunda investigación a Mario Godoy, extitular de la Judicatura
El fiscal Leonardo Alarcón confirmó indagaciones contra Godoy por delincuencia organizada y tráfico de influencias
La caída política de Mario Godoy, tras su reciente censura y destitución en la Asamblea Nacional, fue apenas el primer capítulo de su descalabro público. Ahora, el exmandatario del Consejo de la Judicatura (CJ) debe alistar su defensa frente a una ofensiva penal que ya se tramita en los pasillos del Ministerio Público.
El fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón, confirmó este 20 de febrero de 2026 que Godoy es el foco de dos investigaciones previas que se mantienen bajo estricta reserva. El primer frente de batalla legal se concentra en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde se rastrea un presunto delito de tráfico de influencias.
Un expediente por delincuencia organizada
Sin embargo, el escenario más complejo reposa directamente en el despacho del Fiscal General debido al fuero de corte que cobija al exfuncionario. Este segundo proceso no solo reitera las sospechas de tráfico de influencias, sino que escala a tipos penales de mayor gravedad: delincuencia organizada, asociación ilícita y cohecho.
Alarcón fue enfático al señalar que la institución se encuentra en la fase de recolección de "elementos de convicción" necesarios para una eventual imputación formal. "La Fiscalía General del Estado actuará en estricto derecho una vez que se logre determinar la participación de los implicados en estos posibles delitos", subrayó el titular del Ministerio Público.
El fin del "aislamiento" para los jueces
Mientras la Fiscalía arma el rompecabezas penal, en el sector judicial la salida de Godoy se interpreta como una bocanada de aire fresco. El juez anticorrupción Carlos Serrano, quien meses atrás denunció presiones externas por su labor, reaccionó a la destitución asegurando que este hito marca el fin de la indefensión para los magistrados que deciden no doblegarse ante el poder de turno.
Para Serrano, el relevo en la Judicatura es un mensaje potente: los jueces que denuncien actos de corrupción o falta de protección ya no caminarán solos. El magistrado destacó que hoy existe una sociedad civil vigilante, gremios de abogados y una academia activa que exigirá a las nuevas autoridades el cumplimiento de su deber primordial: garantizar la libertad y seguridad de quienes administran justicia sin excusas.
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