El estado de excepción termina este fin de semana y deja varias lecciones, dudas y altas facturas. Aunque la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus en Ecuador aún no ha sido superada, la mayoría de entidades públicas dejó de realizar fuertes gastos para enfrentar la pandemia. El grueso de las contrataciones estatales se ejecutó entre marzo y junio.

En total, entre marzo y septiembre de este año -durante la emergencia y el estado de excepción-, el Estado firmó más de 7.906 contratos por unos 220,4 millones de dólares.

Ese valor, reportado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), fue gastado para la compra de bienes y servicios que necesitaron 982 entidades estatales durante los meses de aislamiento social y movilidad restringida.

¿Quiénes fueron los que más gastaron? Los gobiernos autónomos y descentralizados coparon las compras para combatir a la COVID-19. En el periodo señalado concretaron 4.864 contrataciones por más de 105,2 millones de dólares. El 47,8 % del total adjudicado bajo el régimen de emergencia.

La adquisición de pruebas para detectar la enfermedad, equipos de protección, insumos médicos y hasta alimentos fueron la prioridad.

De entre los gobiernos locales se destacan Quito y Guayaquil. Entre las dos municipalidades firmaron 112 contrataciones por 28,3 millones de dólares.

Esas transacciones están en la mira de las autoridades -e incluso de veedurías ciudadanas respaldadas por organismos internacionales- por la serie de anomalías que rodearon las compras de la emergencia.

En Quito, como muestra, el pago de más de tres millones de dólares por pruebas para detectar el virus ha sido cuestionado por sobreprecios y entregas incompletas. La Fiscalía y la Contraloría encontraron novedades que terminaron con la salida de autoridades de Salud.

También se detectó un presunto sobreprecio en los respiradores que compró la Empresa Metropolitana de Aseo, en marzo. Su gerente, Yolanda Gaete, negó la acusación y explicó que los precios (más de 5,70 dólares por respirador) respondían a la escasez de la época.

Por debajo de los gobiernos locales, y con amplia diferencia, están las compras realizadas por la Red Pública Integral de Salud. Entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el seguro de la Policía Nacional y el de las Fuerzas Armadas pagaron unos 96 millones de dólares para atender la situación crítica a escala nacional.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que las compras por emergencia dejaron de hacerse desde junio porque la entidad que dirige cuenta con los insumos necesarios y cualquier producto adicional se compraría por régimen común. Es decir, con varios oferentes y buscando el mejor precio para el país. Ya no hay la urgente necesidad de adquirir bienes y servicios.

Por emergencia, en cambio, no hay controles ni supervisiones previas. La entidad contratante hace las transacciones de manera directa con el proveedor que le parezca.

EXPRESO consultó al ministro sobre el avance de las investigaciones por irregularidades pero aún no hay respuesta.

El IESS también tuvo novedades en los primeros meses de emergencia. Por eso, la entidad enfrenta exámenes e investigaciones.

Solo el IESS, entre el 1 de marzo y el 9 de septiembre, realizó compras por más de 29,9 millones de dólares.

Jorge Wated, quien asumió la presidencia del Directorio del IESS en medio de la emergencia y actos de corrupción previos, solicitó -en mayo- a la Contraloría “iniciar los respectivos exámenes especiales a 584 procesos de compra realizados durante la emergencia, a fin de determinar si se ha incurrido en inobservancias o irregularidades”.

Este mes, Wated anunció que una firma internacional evaluaría a los gerentes de los hospitales para evitar nuevas anomalías en la gestión.

Las empresas públicas del Ejecutivo, los ministerios, secretarías, entidades municipales y hasta las universidades del Estado completan la lista de gastos con un total de 19,7 millones de dólares.

Entre los pequeños compradores se destaca la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Bajo la figura de compras por emergencia utilizó 1,2 millones de dólares para firmar unos 50 contratos con distintos proveedores.

Además de insumos médicos y equipos de protección, la empresa pública que fue intervenida el año pasado por irregularidades en su administración, realizó pagos para el hospedaje y movilización de su personal.