La extradición de Fito y sus posibles implicaciones para la política ecuatoriana
La medida, impulsada por el Ejecutivo, fue presentada como una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico
La extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal “Los Choneros”, marca un hito sin precedentes en la historia reciente del Ecuador. Su entrega a las autoridades estadounidenses el 20 de julio de 2025 no solo representa un golpe simbólico al crimen organizado, sino que también reconfigura el tablero político y de seguridad del país.
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Fito, considerado el narcotraficante más poderoso del Ecuador, fue recapturado el 25 de junio tras permanecer prófugo desde su fuga de la cárcel de máxima seguridad La Roca en enero de 2024. Su detención se produjo en un búnker subterráneo en Manta, epicentro de operaciones de su organización.
La extradición fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada en referendo en 2024, impulsada por el presidente Daniel Noboa, que eliminó la prohibición de extraditar ciudadanos ecuatorianos. Fito se convirtió así en el primer nacional entregado a otro país bajo este nuevo marco legal.
Implicaciones políticas: ¿fortaleza o fragilidad institucional?
Desde el Ejecutivo, la vocera Carolina Jaramillo calificó la extradición como “un fuerte golpe a las mafias” y un logro de la cooperación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la operación ha generado un debate profundo sobre la eficacia del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
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La medida, impulsada por el Ejecutivo, fue presentada como una herramienta indispensable para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. “Esta medida no responde a una acción desesperada, sino a una decisión estratégica que garantiza que el detenido no volverá a fugarse”, asevera Carolina Calderón, abogada constitucionalista.
La salida de Fito del país ha provocado una fragmentación interna en Los Choneros, generando disputas por el control territorial entre facciones rivales como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers. Esta reconfiguración del crimen organizado ha derivado en un repunte de la violencia, especialmente en la provincia de Manabí, donde se han desplegado más de 2.000 militares tras una ola de asesinatos.
Felicito al gobierno del Ecuador y al presidente @DanielNoboaOk por la extradición a los EE. UU. de alias FITO. Ahora esperamos que diga toda la verdad de sus alianzas con el régimen de Maduro, el Clan del Golfo, las FARC y el ELN, al igual que de sus aliados políticos, que son…
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 21, 2025
Para algunos analistas, la extradición se ha convertido en un instrumento más político que jurídico. “Mostrar la intención de extraditar a un criminal no está mal. Hacerlo público como estrategia para ganar legitimidad tampoco lo está. Pero es importante que la ciudadanía sepa que esos anuncios no representan certeza alguna, sino únicamente una expectativa que al final podría no cumplirse”, analiza César García, director del Colegio de Abogados del Guayas.
El abogado penalista Julio Cueva añade: “La extradición activa no depende de la voluntad del Gobierno ecuatoriano. Es el país requirente el que debe hacer una solicitud formal. Incluso si la Corte Nacional niega la extradición, el presidente no puede proceder. Es un nuevo paradigma”.
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