Extradición en Ecuador: una jugada estratégica con alto costo político
Para algunos analistas, la extradición se convirtió en una herramienta más política que jurídica
En abril de 2024, Ecuador dio un giro histórico en su política judicial al eliminar una prohibición constitucional vigente desde 1946: la que impedía la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Con el respaldo de una consulta popular, el país amplió la extradición pasiva (es decir, la entrega de nacionales a otros Estados) como parte de una estrategia más amplia para enfrentar el crimen organizado transnacional.
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La medida, impulsada por el Ejecutivo, fue presentada como una herramienta indispensable para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. “Esta medida no responde a una acción desesperada, sino a una decisión estratégica que garantiza que el detenido no volverá a fugarse”, asevera Carolina Calderón, abogada constitucionalista.
El nuevo marco legal establece dos tipos de extradición: activa, cuando Ecuador solicita a otro país la entrega de una persona; y pasiva, cuando otro país solicita a Ecuador la entrega de un individuo, incluso si es ecuatoriano. Para que una extradición pasiva proceda, puede o no existir un tratado vigente con la nación requirente.
Ecuador mantiene tratados bilaterales con 15 países
Ecuador mantiene acuerdos con Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Chile, Perú, entre otros. Además se exige que el delito esté tipificado en ambas jurisdicciones y que no implique penas prohibidas por la Constitución ecuatoriana, como la pena de muerte o tratos inhumanos.
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El proceso pasa por la Corte Nacional de Justicia, que emite una sentencia no vinculante. La decisión final recae en el presidente de la República. ¿Herramienta jurídica o estrategia política? Para algunos analistas, la extradición se ha convertido en un instrumento más político que jurídico. “Mostrar la intención de extraditar a un criminal no está mal. Hacerlo público como estrategia para ganar legitimidad tampoco lo está. Pero es importante que la ciudadanía sepa que esos anuncios no representan certeza alguna, sino únicamente una expectativa que al final podría no cumplirse”, analiza César García, director del Colegio de Abogados del Guayas.
El abogado penalista Julio Cueva añade: “La extradición activa no depende de la voluntad del Gobierno ecuatoriano. Es el país requirente el que debe hacer una solicitud formal. Incluso si la Corte Nacional niega la extradición, el presidente no puede proceder. Es un nuevo paradigma”.
La extradición también plantea un dilema sobre la soberanía nacional. ¿Debe un país renunciar a juzgar a sus propios ciudadanos en nombre de la cooperación internacional? “Es una tensión legítima. Pero cuando el sistema judicial está infiltrado o amenazado, la extradición puede ser la única vía para garantizar un juicio justo”, sostiene el experto internacional Carlos Aguirre.
Julio Cueva
En esa línea se pronuncia Esteban Santos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios. “En el sistema judicial de Estados Unidos no hay margen para negociaciones informales, y eso representa un temor real. Por ello, aunque es fundamental estar atentos a una posible escalada del conflicto, también debemos estar preparados ante eventuales retaliaciones. Sin embargo, si se concreta la extradición de alias Fito, esto marcaría un precedente muy positivo para la cooperación internacional y, sobre todo, para el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica del Ecuador”, argumenta.
Una visión similar comparte la abogada penalista Doménica Luzardo, quien destaca que más allá del debate jurídico, la extradición se ha vuelto un termómetro de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
“En un país donde la impunidad ha sido históricamente una constante, la posibilidad de que los grandes capos del crimen organizado enfrenten la justicia en sistemas más sólidos genera esperanza, pero también revela las profundas grietas del sistema penal ecuatoriano. La extradición, en este contexto, no solo es una herramienta legal, sino un símbolo de la urgencia por recuperar el control del Estado, que tanta falta le hace”, manifiesta.
Carolina Calderón
El proceso le da ‘un respiro’ a la seguridad ecuatoriana
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Ecuador ha cumplido con los requisitos legales y que espera la solicitud formal de extradición por parte de Washington. “Fito se encuentra en un lugar seguro. Pero no podemos subestimar el riesgo de represalias”, admitió en rueda de prensa.
La preocupación no es infundada. Fito no solo lidera Los Choneros, sino que mantiene influencia sobre facciones como Los Fatales y alianzas con carteles internacionales, como el de Sinaloa. Su poder se extiende desde las cárceles hasta las calles, controlando rutas de narcotráfico y redes de sicariato. Los ecuatorianos fueron testigos de una ola de violencia imparable tras su fuga.
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