EXPRESO abre los informes de Rentas Internas sobre Granasa
Documentos son presentados íntegramente para que lectores saquen sus conclusiones. Una novedad llama la atención
Es imposible exigir claridad y rectitud sin dar el ejemplo. Por eso, Diario EXPRESO pone a disposición de sus lectores y de los ciudadanos en general los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) que motivaron publicaciones infundadas, acusaciones difamatorias e investigaciones persecutorias en contra de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.
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La publicación de estos documentos tiene un propósito claro: democratizar la información, permitir que esté al alcance de todos y no solo de unos cuantos a los que, de manera arbitraria, algún funcionario del SRI decidió compartir primero los reportes, vulnerando la confidencialidad tributaria y filtrando datos con claros intereses políticos y maliciosos. Todo esto, además, sin que los directamente involucrados hubiesen tenido conocimiento previo de los informes ni oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de ser señalados públicamente.
Aquí están los documentos íntegros. Cada persona puede ingresar a la página web de EXPRESO (www.expreso.ec) y revisarlos sin ningún tipo de restricción. Cualquier ciudadano, profesional o lector podrá sacar sus propias conclusiones. En especial, se invita a expertos tributarios, contadores, abogados y economistas a analizarlos con criterio técnico, sin pasiones ni prejuicios, y con la rigurosidad que la verdad merece.
Lo que se pone a disposición pública son tres documentos emitidos por la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, todos fechados el 8 de septiembre de 2025 y firmados por Adriana Paola Villavicencio Páez, delegada zonal de esa institución. Se trata de notificaciones de diferencias presuntivas en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023 de tres distribuidores, elaborados con base en la facturación hecha por Granasa y los consiguientes pagos a esta. Las notificaciones se dirigen a tres contribuyentes cuya actividad, según se lee en los informes, es la venta al por mayor de periódicos. Los nombres de los señalados son: Edison Leonardo Barahona Salazar, Franklin Lenín Villamar Villamar y Rubén Darío Caluña Alvarado.
INFORME 1
INFORME 2
INFORME 3
La novedad que se encontró en los informes
En una revisión detallada de los documentos, EXPRESO encontró inconsistencias y omisiones que deben ser observadas para un análisis más ajustado a la realidad. Por ejemplo, en el caso del contribuyente Franklin Lenín Villamar Villamar, el informe consigna una facturación neta durante el 2023 de 160.365,58 dólares. A ese monto se le restan 21.514,69 dólares en notas de crédito emitidas en el mismo año, lo que deja un total de 138.850,89 dólares de compras netas.
El SRI toma ese valor total y lo multiplica por un coeficiente de 0,1767 como margen de utilidad, lo que arroja una ganancia presuntiva de 24.534,95 dólares. Pero aquí aparece un dato sorprendente y preocupante: la funcionaria delegada que elabora el informe no descuenta los valores que el contribuyente debía cancelar a Granasa por concepto de compra de productos, sino que los suma a la utilidad. Esto distorsiona el resultado y genera un cálculo artificialmente inflado. Lo correcto y honesto, conforme a la ley tributaria, sería restar los gastos deducibles y costos de venta para obtener la utilidad real del distribuidor, no una presunción que no se sostiene con la contabilidad básica ni con la normativa vigente.
Y sobre esa base absurda se ha construido la tesis de una supuesta facturación incorrecta de Granasa. Pero no hay nada que ocultar. Granasa honra puntualmente sus obligaciones tributarias y lo seguirá haciendo. Las puertas de la empresa están abiertas a las autoridades que actúen con objetividad y dentro del marco legal, no con sesgos ni motivaciones políticas. A lo largo de las investigaciones abiertas en su contra, la empresa demostrará que su conducta ha sido transparente, que todos sus pagos y declaraciones se encuentran en regla y que las acusaciones difundidas carecen de sustento técnico y jurídico.
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