Estado de excepción en Ecuador: ¿Qué se puede hacer y que no?

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias del país el 4 de octubre de 2025, en respuesta a la intensificación del paro nacional convocado por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 174, se fundamenta en la causal de “grave conmoción interna” y tendrá una vigencia inicial de 60 días.

Asímismo el presidente  firmó el Decreto Ejecutivo No. 175 que extiende por 30 días el estado de excepción en otras cinco provincias del Ecuador, como respuesta a la persistente violencia criminal que afecta la seguridad ciudadana y el orden democrático.

El alcance de esta decisión implica restricciones a ciertos derechos constitucionales, la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que busca restablecer el orden público en medio de protestas que ya han dejado un saldo de heridos, detenidos y pérdidas económicas.

Derechos restringidos y lo que no se puede hacer

De acuerdo con el decreto y la Constitución, el estado de excepción permite al Ejecutivo limitar temporalmente derechos para enfrentar amenazas graves a la seguridad. Entre las principales restricciones se encuentran:

• Suspensión del derecho a la libertad de reunión en las provincias bajo la medida. Esto significa que no se permiten aglomeraciones en espacios públicos.
• Intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional: el empleo de las Fuerzas Armadas será extraordinario y de apoyo a la función propia de la Policía Nacional, por la cantidad de manifestantes violentos y escala en la violencia.
• Suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, exclusivamente para facilitar: Allanamientos sin orden judicial en casos vinculados al crimen organizado e intervención de comunicaciones para prevenir delitos y desarticular redes criminales.

El decreto no establece un toque de queda, pero sí faculta a las fuerzas del orden a realizar operativos en zonas críticas y a dispersar concentraciones que representen un riesgo.

Lo que sí se puede hacer bajo el estado de excepción

Aunque el decreto presidencial establece restricciones, el estado de excepción no implica la suspensión total de las garantías ciudadanas. De hecho, la Constitución protege ciertos derechos que permanecen vigentes incluso en situaciones de conmoción interna.

Las manifestaciones pacíficas continúan siendo legales, siempre que no afecten derechos de terceros ni paralicen servicios esenciales. Esto significa que la protesta social no está prohibida en sí misma, pero debe desarrollarse sin bloqueos de vías ni actos que alteren el orden público.

Los ciudadanos mantienen intactos derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la inviolabilidad de la vida y la integridad personal. Estos principios no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, y las autoridades están obligadas a garantizar su respeto.

Las actividades económicas, educativas y laborales pueden continuar con normalidad, salvo en casos puntuales donde existan riesgos de seguridad que obliguen a cierres temporales. El Gobierno ha insistido en que la medida busca proteger a la población y no interrumpir la vida cotidiana de quienes no participan en las protestas.

Provincias bajo estado de excepción

El Decreto Ejecutivo 174 declaró el estado de excepción en diez provincias del país debido a la grave conmoción interna derivada del paro nacional. Estas son:

• Pichincha
• Cotopaxi
• Tungurahua
• Chimborazo
• Bolívar
• Cañar
• Azuay
• Orellana
• Sucumbíos
• Pastaza

Posteriormente, el Decreto Ejecutivo 175, firmado el 6 de octubre, renovó y amplió la medida en otras zonas del país. Así, también rige el estado de excepción en:

• Guayas
• Manabí
• El Oro
• Los Ríos
• Cantón Echeandía (Bolívar)

¿Qué ha pasado hasta ahora con el paro?

El paro nacional convocado por la Conaie y otras organizaciones sociales ya supera las dos semanas y ha generado un escenario de alta conflictividad en varias provincias del país. La medida de hecho surgió como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, anunciada por el presidente Daniel Noboa como parte de un plan para frenar el contrabando y la minería ilegal.

Las provincias más afectadas por las movilizaciones han sido Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Pastaza, donde se han registrado bloqueos de carreteras, marchas masivas y enfrentamientos con la fuerza pública. Estos hechos han derivado en un saldo preliminar de un fallecido, más de 80 heridos y más de 100 detenidos, según reportes oficiales.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, advirtió que, de no atenderse sus demandas, las comunidades indígenas podrían “tomarse Quito”, lo que ha elevado la tensión política y social en la capital. La advertencia se suma a la radicalización de las protestas en zonas estratégicas de la Amazonía y la Sierra central.

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