Esmeraldas: la angustia interminable de las familias tras la masacre carcelaria
Familiares de presos en Esmeraldas buscan desesperados a sus parientes tras la masacre. Denuncian que ignoraron advertencias
La mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025, decenas de familiares de privados de libertad llegaron a los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. El aire estaba cargado de llanto, desesperación y silencio interrumpido por gritos de madres que reclamaban una respuesta. Habían pasado ya más de 24 horas desde la masacre que estremeció la cárcel, pero las familias aún no sabían si sus hijos, hermanos o esposos estaban con vida o no.
Las escenas eran desgarradoras: mujeres con niños pequeños en brazos, adultas mayores apoyadas en muletas, jóvenes con la mirada perdida. Muchos habían recorrido sin éxito la morgue, el hospital y las dependencias judiciales, en búsqueda de un nombre, una pista, una certeza.
“He ido a todos lados y mi hijo no aparece. No está en el hospital, no está en la morgue… ¿Dónde está? Que alguien me diga algo”, gritaba una madre mientras golpeaba con fuerza el portón del penal.
Otros relataban lo que vieron desde las colinas aledañas: militares golpeando a los reclusos sobrevivientes, heridos arrastrándose en los patios y cuerpos que eran retirados a oscuras. “Yo miraba desde la loma cómo los militares los golpeaban, estando heridos. ¿Cuántos de esos chicos estarán muertos ahora?”, reclamaba un padre con voz quebrada.
La mañana de este viernes, la desesperación de esposas, madres y hermanas de los detenidos se desbordó en las calles: cerraron la vía a Refinería, a la altura de la cárcel de Esmeraldas, exigían información y justicia. Con llantas bloquearon el paso de los vehículos, mientras gritaban consignas contra las autoridades penitenciarias y denunciaban el abandono del Estado frente a la masacre ocurrida al interior del centro de rehabilitación.
En medio de ese panorama desgarrador, la morgue de Esmeraldas se ha convertido en el punto donde convergen la burocracia y el dolor. Los familiares, muchos de ellos de comunidades rurales y barrios periféricos, pasan la noche en el piso frío, cubiertos con mantas improvisadas, esperan escuchar su nombre en la lista de entrega de cuerpos. Algunos llevan alimentos sencillos para resistir la jornada; otros, apenas agua y la esperanza de que la espera no se prolongue más.
Las advertencias ignoradas
Lo más indignante para los familiares no fue solo la masacre, sino el hecho de que esta pudo haberse evitado. El sacerdote y capellán de la cárcel, José Antonio Maeso, lo confirmó: desde la noche previa se habían emitido advertencias. “Las familias estaban en contacto con nosotros. Había rumores muy fuertes de que algo terrible iba a ocurrir. Se alertó al SNAI (Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad), se pidió más protección, pero la respuesta nunca llegó”, relató.
Maeso insistió en que el Estado ha perdido el control de las cárceles. “Lo que ocurre es consecuencia de años de abandono. Se combinan en un mismo espacio distintos grupos criminales y se alienta la confrontación. En vez de diálogo, lo que se impone es violencia con violencia”, lamentó.
El testimonio de una madre corrobora lo que el sacerdote asegura. A las 23:45 del jueves, recibió un mensaje de su hijo, interno en el pabellón C: “Mami, avise a las autoridades, en la madrugada va a haber una masacre”.
La mujer salió de inmediato de su casa y a las dos de la mañana ya estaba frente al penal. “A esa hora ya se escuchaban disparos y explosiones. Habíamos avisado a los policías y militares que estaban en la garita, pero nos dijeron que no podían hacer nada”, cuenta entre lágrimas.
Al igual que ella, otros familiares también recibieron advertencias desde dentro. Aun así, nadie reaccionó. El resultado: 17 internos asesinados y decenas de heridos.
¿Quiénes eran los fallecidos?
Entre las víctimas hay nombres con historias distintas. Algunos enfrentaban procesos por tráfico de drogas, como José Felipe Estupiñán Estupiñán y Julio Javier Bautista Quiñónez. Otros estaban procesados por porte ilegal de armas, como Óscar Andrés Calderón Véliz y Gerardo Antonio Ayoví Ante.
El caso de Sergio René Encalada Mera es particular: había sido detenido en su adolescencia por robo y, tras varios procesos, permanecía privado de libertad. Francisco Javier García Bermeo, en cambio, cumplía una sentencia desde 2015 por un delito cometido en Atacames.
De varios otros nombres no hay información en el portal de la Función Judicial. La opacidad del sistema judicial y penitenciario aumenta la incertidumbre de sus familias, que deambulan sin respuestas.
¿Tiguerones, dueños de la cárcel?
La cárcel de Esmeraldas no es solo un centro de rehabilitación fallido: es el bastión de los Tiguerones, el grupo delictivo organizado (GDO) que desde hace años ejerce un dominio absoluto. Su poder se traduce en el control de pabellones, extorsiones internas, tráfico de drogas y hasta en la administración de quién vive o no dentro de los muros.
El experto en seguridad penitenciaria Carlos Paredes sostiene que la cárcel de Esmeraldas se ha convertido en un bastión estratégico de los Tiguerones debido a su ubicación geográfica y a la debilidad institucional.
“Este centro no solo concentra a la base operativa del grupo, sino que funciona como centro de mando y enlace con rutas de narcotráfico hacia la costa y la frontera norte. Allí los Tiguerones imponen reglas, manejan economías ilegales y ejercen un control paralelo al del Estado. Mientras no exista una intervención estructural y sostenida, este penal seguirá siendo un enclave inviolable de su poder criminal”, explicó.
Este grupo, aliado de carteles internacionales, convirtió el penal en un enclave estratégico. Ni la Policía ni los militares logran penetrar completamente su control. Lo saben los reos y lo saben las familias que cada semana llegan a visitar a sus parientes bajo la sombra del miedo.
La masacre de este jueves no solo desnuda la fragilidad del sistema penitenciario. También deja al descubierto la actuación del Estado frente a advertencias.
“Queremos saber dónde están nuestros hijos. Vivos o muertos, pero que nos digan algo”, gritaba una madre, mientras el eco de su voz se confundía con el de decenas de familias que, entre dolor y rabia, aún esperan respuestas que no llegan.
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