Precedentes que marcan impunidad ante infracciones electorales. En el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay aún un informe que alerte sobre la participación activa de autoridades en funciones en la campaña electoral de segunda vuelta (tampoco de la de primera), que concluyó a la medianoche de ayer.

Esto a propósito de la denuncia que presentara, a título personal, el flamante vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Lo acusa de promocionar, a través de un video, por las redes sociales, a la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, ofertando una universidad en el sur de Quito lo que, para Guarderas, equivaldría a inducir el voto, algo que está prohibido en el Código de la Democracia para funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

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El alcalde se defiende. Asegura que sería infracción si habría convocado a votar por alguien lo que, según él, no ha sucedido. Sin embargo, señaló que presentará todas las pruebas de descargo si un juez electoral así lo requiere.

“Yo soy militante de una organización política. (Si) quieren que haga trabajo, quieren que me tome una foto con quien no es parte de mi organización política no me pidan eso (...) no he violentado el marco electoral, por lo tanto si llega a presentar esa denuncia evidentemente presentaré los descargos si el juez electoral cree que amerita”, señaló Muñoz.

En el CNE se toman las cosas con calma. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, reconoció que tienen la potestad de poner las denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si identifican una posible infracción. “Sin embargo, el ciudadano también puede y tiene que hacerlo y tendrá que demostrarse y juzgará el TCE”, dijo Atamaint.

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Por ahora, el área de fiscalización del CNE no ha emitido informe alguno al respecto, pero no se descarta que, incluso luego de las elecciones, una vez que se analice y recopile información sobre promoción, autorizada y no autorizada, surjan elementos para denunciar posibles infracciones.

La abogada Carolina Moreno, una de las promotoras de la destitución de Jorge Yunda como alcalde de Quito, considera que una vez que se presente la denuncia se la debería dar trámite porque habría elementos suficientes de que no solo el alcalde Muñoz, sino otros funcionarios de su administración, habrían usado recursos e infraestructura para promocionar a una de las candidaturas finalistas.

“Es una burla total que nuestras autoridades hayan usado infraestructura de la ciudad para la campaña de una persona, cuando la ciudad tiene muchas tareas urgentes pendientes. No debería ser para ninguno de los bandos”, aseveró.

Guarderas no fue concreto sobre cuándo presentará el reclamo, pero dejó entrever que podría ser luego de la elección del 15 de octubre, por si surge el nombre de otra autoridad seccional en funciones inmersa en la campaña a favor de alguno de los dos finalistas.

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El exconcejal de Quito, Fabricio Villamar, cree que toda la atención debe centrarse en el tratamiento que dé el TCE a la denuncia, porque de eso dependerá si se marca un precedente de peso para estos casos o sigue dejando en el ambiente la sensación “de que esta gente se ha acostumbrado a que las normas no se apliquen para ellos”.

Se refiere a la propia decisión de primera instancia del Contencioso Electoral de no sancionar a los consejeros de Participación Ciudadana que llegaron a ese organismo siendo parte de la autodenominada ‘Liga azul’ y que fueron apoyados por el correísmo. El argumento de los jueces electorales fue que no se puede ejercer control sobre las redes sociales en donde se plasmó ese apoyo.

Guarderas prefiere tomar como precedente que el TCE sí sancionó a una persona que agredió a la excandidata a la Alcaldía de Quito, Jéssica Jaramillo, también a través de la red social X (antes Twitter) por lo que espera que el pedido de destitución que hará contra el alcalde Muñoz prospere bajo esa lógica.

Villamar dice que en este caso no opera la justificación de que todo quedó en redes sociales. “Este caso es diferente, porque la ley habla de hacer campaña en el ejercicio de sus funciones y el señor Pabel Muñoz lo está. Además, existen elementos, al menos tres o cuatro, que nos hace pensar que estuvo en campaña”, agregó.

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