Su pieza clave peligra. En junio de 2023 el expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por el caso Sobornos, señalaba el objetivo de su movimiento político: invalidar el referéndum y consulta popular de 2018 que, entre otras cosas, dio paso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio y, con ello, al nombramiento de autoridades que terminarían por condenarlo.

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Para ello, según confesó en una entrevista concedida al medio español El País, se volvería clave ganar la Presidencia de la República. Sin embargo, según analistas consultados por este Diario, ese no era el único frente abierto del correísmo ya que, a la par, en febrero de 2023 había logrado colar a tres de sus acólitos al Consejo de Participación Ciudadana, entidad encargada, entre otras funciones, de designar a las autoridades de control del Estado.

La ‘Liga Azul’, nombre con que el correísmo identificó a sus candidatos al Consejo de Participación, es parte de un plan estructurado y de largo aliento de la revolución ciudadana, según la lectura del analista político César Febres-Cordero. “Eso es evidente”, señala y explica que si bien es cierto que no tendrían mucho espacio para maniobrar, “sí pueden empezar a montar los argumentos que usarían para después de su retorno (de Rafael Correa) bajarse todo lo que llaman ‘el trujillato’”.

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No obstante, el panorama de posible destitución que enfrenta el Consejo de Participación (por la convocatoria a la veeduría ciudadana que revisaría los actos administrativos del Consejo transitorio) complica este objetivo, pero no lo desestima.

“Por ahora, mantener las cosas como están no les afecta mucho”, anota Febres-Cordero y señala que, aun siendo destituidos, podrían ganar algo politizando la Corte Constitucional, entidad que encabeza la lista del correísmo.

Por su parte, el jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, sostiene que el riesgo de que la mayoría afín al correísmo sea destituida sí trastoca su agenda. “De una manera bastante clara, el presidente del Consejo, Alembert Vera, reculó muchas afirmaciones y pasos que iba a dar”, dice y hace hincapié en que estos “pasos en falso” de los acólitos del correísmo en algún momento les iban a pasar factura.

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De hecho, ese peligro está latente con la decisión de la Corte Constitucional de iniciar la fase de cumplimiento de dictamen respecto a su fallo de 2019, que blindó todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, entonces presidido por Julio César Trujillo (+).

Aunque Alarcón considera que los pasos del correísmo han sido muy erráticos en el Consejo de Participación como para denominarlo un ‘plan’, sí cree que la posibilidad de perder a sus ‘alfiles’ los pone en riesgo, aunque aún tendrían el comodín de la Presidencia de la República si gana Luisa González.

“Dentro de la agenda del correísmo se tiene a la Presidencia como uno de los puntos”, considera e indica que coronar el Palacio de Carondelet les puede brindar blindaje y seguridad. “No hay que olvidarnos de que, con la experiencia de Correa, quien ocupa el Ejecutivo influye en el resto del Estado”.

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En ese sentido, Febres-Cordero estima que en efecto esa puede ser la contingencia del correísmo, pero, según dice, el escenario ideal que persiguen es que, a la par de conseguir la Presidencia de la República, puedan continuar su agenda política desde el Consejo de Participación Ciudadana.

Asimismo, coincide con Alarcón en que “ellos quieren volver al modelo donde el presidente decía que era el jefe del resto de funciones del Estado” y que tener alfiles tanto en Carondelet como en los procesos de designación de autoridades de control haría el camino más fácil para que el correísmo pueda volver a tomar el control de la institucionalidad.

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, UN PRIMER OBSTÁCULO SUPERADO

Uno de las primeras cortapisas que sufrió el plan ‘Liga Azul’ del correísmo fue la presentación de una denuncia electoral por parte del excandidato a consejero de Participación Esteban Guarderas y el abogado Bernardo Jijón.

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Ellos alegaban que el entonces candidato Alembert Vera se benefició de la promoción electoral del líder máximo de la Revolución Ciudadana, el expresidente sentenciado por el caso Sobornos Rafael Correa, durante la campaña por los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023.

Aunque otras denuncias en contra de Vera no prosperaron, la de Guarderas y Jijón sí lo hizo. Sin embargo, pese a la expectativa que surgió alrededor de la posible destitución del ya presidente del Consejo de Participación, la denuncia no prosperó en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Luego de semanas de suspenso, el juez electoral Guillermo Ortega escuchó a las partes en una audiencia pública desarrollada el 10 de agosto de 2023. Casi un mes después de la diligencia, el magistrado falló en favor de Alembert Vera.

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Según argumentó el juez, las pruebas presentadas (en su mayoría videos e imágenes extraídas de redes sociales) no forman parte de los elementos que el Código de la Democracia valora para impulsar una sanción, como la destitución que se perseguía en contra de Vera.

Asimismo, sostuvo que al ser difundidos los mensajes por estas plataformas, no se puede coartar la libertad de expresión y que su uso “escapa al poder regulatorio del Estado central”. Archivada la denuncia, al plan ‘Liga Azul’ solo le resta sortear el control de la Corte Constitucional.

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