La Corte Constitucional (CC) anunció la noche de este 13 de septiembre de 2023 el inicio formal de la fase de seguimiento de cumplimiento de un dictamen emitido en 2019 que dispuso la prohibición de revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Esto, en respuesta a la sentencia del juez de Montecristi, Leiver Quimis, que ordenó la creación de una veeduría ciudadana para dicha revisión, proceso que ya está en marcha con el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al mando de Alembert Vera.

Una de las primeras acciones que ejecutará la Corte Constitucional es una audiencia que se celebrará el 25 de septiembre, a través de medios virtuales, a la que tendrán acceso únicamente el grupo de personas convocadas por los jueces constitucionales.

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Entre otros, está Vera; el asesor jurídico del CPCCS, Ismael Merizalde; el subcoordinador de Control Social, Abelardo Núñez; todos los vocales del Consejo de Participación y el juez multicompetente de Montecristi, Manabí, Leiver Quimis.

Además, los antes mencionados cuentan con un plazo de 72 horas, contados desde la notificación, para presentar información "pormenorizada" sobre el estado de conformación de la veeduría y su grado de participación en la misma.

Tres vocales del organismo, la vicepresidenta Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni han señalado que la decisión nunca fue consultada o aprobada en el pleno y que fue unilateral. Eso consta en un primer informe que ya está en manos de los jueces constitucionales.

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Pero la veeduría no es lo único que motiva el inicio de la fase de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. También, se busca determinar las razones por las que se dio paso a una denuncia de Acción Jurídica Popular.

Esta agrupación, luego de varias audiencias avaladas por Vera y otros consejeros de su línea, emitió un informe que hablaba de un presunto tráfico de influencias y deshonestidad académica de la fiscal Diana Salazar.

Para la funcionaria, esta suerte de auditorias a los procesos de selección y designación durante la etapa transitorio, también contravendrían las decisiones adoptadas por el CPCCS de transición y que fueron "blindadas" por la propia Corte Constitucional.

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Según el auto emitido esta noche por la CC a la audiencia virtual se permitirá únicamente el ingreso de los convocados. Por eso, dispone una serie de parámetros y requisitos que deberán cumplir cuatro días antes de la diligencia para confirmar su participación.

La decisión fue adoptada con siete votos a favor, el voto concurrente del juez Enrique Herrería y la ausencia del juez Richard Ortiz que tiene una licencia por vacaciones.

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