El caso Caja Chica suena a estrategia electoral
Análisis| Se pudo haber llegado a conclusiones que transparenten un posible financiamiento ilegal venezolano
Si la Fiscalía no estuviera desvergonzadamente subordinada a los intereses políticos del gobierno de Daniel Noboa, el caso Caja Chica pudo haber sido uno de los momentos más relevantes e interesantes de la acción fiscal del país en los últimos años: Ecuador pudo haberse convertido en un ejemplo para la región, donde casi todas las investigaciones han quedado truncas precisamente por el secuestro de la justicia en manos de los políticos.
Es más, la forma en la que la Fiscalía ha actuado en este caso (ha hecho ya tres allanamientos a altos dirigentes y uno a la sede del movimiento) lo único que hace es sembrar en la opinión pública la idea de que existe un operativo de persecución política en contra del correísmo y, por qué no, una estrategia para sacar al correísmo de las próximas elecciones.
El antecedente para que esta hipótesis cobre fuerza es la evidente e insistente presión del gobierno -que tiene cooptadas a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura- para que la justicia condene a Aquiles Álvarez en el caso Goleada. Ese proceso también tiene todas las características de ser un operativo destinado a arrebatarle al alcalde de Guayaquil cualquier posibilidad electoral.
Gobierno, activado contra el correísmo
Lo de sacar al correísmo de la competencia política, en todo caso, es un proyecto más ambicioso. La Revolución Ciudadana es un movimiento mucho más grande que el de Aquiles Álvarez (RETO) y con mucha mayor presencia nacional.
Y si bien Álvarez tiene todas las características para convertirse en una figura con posibilidades electorales nacionales, el correísmo -que, en cambio, carece de una figura con las posibilidades que hoy tiene el alcalde- cuenta con una estructura nacional que le permite convertirse en una fuerza parlamentaria importante, si no en la principal.
Para un movimiento político golpeado por el desgaste y los escándalos, como ADN del presidente Noboa, la única posibilidad de volver a ganar elecciones sería sacando del camino a Álvarez y al correísmo. ¿Qué queda sin ellos? En realidad, muy poco o, simplemente, nada.
El Gobierno mira a sus adversarios
En la Sierra y en Quito no existe un proyecto político con verdadera capacidad de convocatoria, y los únicos adversarios que podrían tener opciones reales de triunfo son, precisamente, Álvarez y el correísmo. Todas estas consideraciones hacen que el trabajo de la Fiscalía en el caso Caja Chica despierte únicamente suspicacias y carezca de credibilidad.
Es por esta evidente presión del gobierno para que se condene a Álvarez o para que permanezca el mayor tiempo posible en la cárcel (el lunes 2 de marzo se suspendió inexplicablemente la audiencia para revisar las medidas sustitutivas que lo mantienen preso) que el caso Caja Chica no tiene otro futuro que el de convertirse en un tema visto como político-electoral antes que en una forma de aplicación de la ley.
Aportes del dinero venezolano a políticos de la región
Se trataba, pues, de una inmejorable oportunidad para investigar las más que probables aportaciones de dinero venezolano a las campañas electorales del correísmo. Después de todo, si ocurrió en otros países, ¿por qué Ecuador habría de ser una excepción?
En Argentina se ha denunciado formalmente el financiamiento y apoyo logístico a sectores del kirchnerismo. El caso más citado es el de la “valija de Antonini Wilson” (2007), cuando Guido Antonini Wilson ingresó con 800 mil dólares no declarados, dinero que la justicia estadounidense vinculó a funcionarios venezolanos.
Luego está el caso de Bolivia: durante los gobiernos de Evo Morales se habló de apoyo financiero, petrolero y logístico de Venezuela. Allí se mencionan transferencias estatales, cooperación opaca y respaldo electoral.
En Brasil hubo investigaciones y testimonios vinculados al caso Lava Jato que mencionaron aportes indirectos y relaciones financieras entre Venezuela y el Partido de los Trabajadores (PT).
En Colombia, el tema ha sido mucho más claro: la guerrilla de las FARC fue financiada abiertamente por Hugo Chávez, primero, y por Nicolás Maduro después. Lo de Nicaragua es uno de los casos más documentados. Se ha probado que millonarios recursos petroleros y fondos administrados fuera del presupuesto estatal venezolano llegaron a las arcas del sandinismo, el movimiento del dictador Daniel Ortega.
El país donde más se ha logrado investigar este tema con una administración de justicia independiente es España. Las investigaciones se centraron ahí en tres vías. La primera fue la contratación de figuras de Podemos para realizar consultorías en Ecuador, Bolivia y la propia Venezuela. Está probado que dirigentes como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, fundadores de Podemos, realizaron trabajos para gobiernos filo-chavistas con financiamiento venezolano.
La segunda vía fue la relacionada con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que recibió millones de euros por asesorías a gobiernos latinoamericanos alineados con el chavismo; el caso ecuatoriano es uno de los más conocidos, especialmente por el trabajo del español Roberto Viciano en la redacción de la Constitución de Montecristi.
Y aunque hubo procesos e investigaciones independientes, no hubo condenas porque los pagos correspondían a consultorías y no a transferencias partidarias directas.
En Ecuador, donde se pudo haber llegado a conclusiones que transparentaran un posible financiamiento ilegal venezolano (lo que no sería nada raro), todo parece indicar que el tema quedará reducido a una acusación de persecución política y a una estrategia del gobierno para quedarse solo frente a las próximas elecciones. Eso pasa cuando los gobiernos secuestran la justicia.
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