
Caso Caja Chica: Dirigencia de RC cuestiona rol de Fiscalía en allanamientos
RC niega fondos de Venezuela y cuestiona la incautación de material de campaña como prueba en allanamientos
Este fin de semana se ejecutó el cuarto allanamiento dentro de la investigación denominada 'Caja Chica'. Desde el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), el procedimiento ha sido calificado como un acto de hostigamiento y persecución política, distanciándolo de un proceso técnico de recopilación de información legal.
Al respecto, la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, se pronunció este lunes 2 de marzo en una entrevista para el medio local Ecuavisa. Durante su intervención, la dirigente sostuvo que:
“Hemos vivido ocho años de una persecución sistemática en el Ecuador y, en este sentido, casos como Caja Chica, definitivamente sin ningún asidero legal ni de bases, más bien en los relatos de una persona que está siendo judicializada y juzgada por violación a una menor de edad”.
Cuestionamientos al sistema judicial
Rivadeneira también se refirió al rol del Gobierno Nacional en la gestión de procesos judiciales, citando como ejemplo el Caso Goleada, en el cual el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece bajo investigación y en prisión preventiva. La presidenta de la RC cuestionó la falta de transparencia en estos operativos y señaló irregularidades en la estructura de justicia.
“El sistema judicial está totalmente cooptado por redes; incluso, como se acaba de demostrar hace pocos días en el caso de Mario Godoy, directamente con la defensa de un narcotraficante”.
Evidencias en allanamientos y contraste con la inseguridad nacional
Durante la entrevista, Rivadeneira cuestionó la naturaleza de las pruebas recolectadas por la Fiscalía en la sede del movimiento, mencionando que se han incautado objetos de carácter estrictamente proselitista. Al respecto, denunció la priorización de recursos judiciales frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país:
“Justamente una camiseta de la campaña política de Andrés Arauz como presidente, el cual la fiscal pidió que inscriban como prueba. Eso es lo que estamos enfrentando en este momento en el Ecuador mientras la Fiscalía y, como vemos en las imágenes, policías, fiscales dedicados a una sede de un partido político”.
La dirigente enfatizó que, mientras se destinan contingentes policiales a estas diligencias, “las y los ecuatorianos están esperando respuesta del sistema de justicia sobre casos de extorsiones, violaciones, hostigamiento, desapariciones, asesinatos en el país más violento e inseguro del continente”.
Financiamiento y situación de la directiva
En cuanto a la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto financiamiento irregular vinculado a la campaña presidencial de 2023, la presidenta de Revolución Ciudadana ratificó la postura de la organización. Ante la interrogante sobre posibles aportes de Venezuela, Rivadeneira fue enfática al señalar que la instancia legítima para estas auditorías es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no otras funciones del Estado.
“La candidata presidencial lo ha dicho con absoluta claridad, que no se recibió fondos de ningún país. Y en eso vamos a ratificar, pero además, ¿quién es el encargado de revisar justamente los fondos de campaña y hacer una auditoría? El Consejo Nacional Electoral”.
Rivadeneira defendió la apertura del movimiento a ser fiscalizado, siempre que el proceso sea equitativo para todos los actores políticos. “Hemos sido los primeros en decir, abramos las cuentas, pero abramos las cuentas de todas las organizaciones políticas”, puntualizó, tras aclarar que, aunque la Asamblea Nacional no tiene competencia directa en la auditoría de fondos partidarios, el movimiento está dispuesto a transparentar su información contable.
Disposición a la transparencia integral
Para finalizar, Gabriela Rivadeneira reiteró que el movimiento Revolución Ciudadana no teme a las auditorías, siempre que estas se realicen bajo el marco legal correspondiente. Insistió en que, aunque en la Asamblea Nacional se intenten abrir procesos similares, la competencia de control financiero recae exclusivamente en el órgano electoral. “Si es que quieren transparentar, vamos", concluyó la dirigente, ratificando la postura de "cuentas abiertas" para todas las organizaciones políticas del país.
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