Seguridad: ¿Cómo afronta Ecuador la presión sobre fuerzas frente a crimen organizado?
Más de 80.000 emergencias y 4.069 homicidios evidencian saturación y desgaste de fuerzas policiales y militares
Entre el 11 de julio y el 3 de agosto de 2025, el ECU 911 registró más de 80.992 emergencias, de las cuales 57.492 estuvieron relacionadas con seguridad ciudadana, según el decreto presidencial que renovó el estado de excepción en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, y lo amplió a tres cantones de Cotopaxi y Bolívar. El 64,8 % de esos incidentes se concentró en Guayas, seguido por Los Ríos (12,2 %), Manabí (12 %) y El Oro (11,1 %). En ese mismo periodo, la violencia letal aumentó un 5 % respecto al año anterior, en un contexto de persistencia del conflicto armado interno.
El coronel del Ejército, en servicio pasivo, Mario Pazmiño, advirtió que, desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas han asumido misiones simultáneas que van desde el control penitenciario hasta la seguridad fronteriza y la interdicción contra el narcotráfico, sin rotaciones efectivas ni descanso operacional. Esta saturación, dijo, compromete la sostenibilidad estratégica y requiere medidas como la activación escalonada de reservas y la rotación periódica de unidades para evitar el desgaste del personal.
Críticas a la hipermilitarización y estrategias insuficientes
Michelle Maffei, experta en políticas de prevención del crimen organizado y docente en la Universidad de Guayaquil, coincidió en que la estrategia de “hipermilitarización” implementada por el gobierno no ha generado resultados sostenibles y que tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas operan sin la capacitación e infraestructura necesarias para enfrentar a grupos criminales altamente violentos. Según sus datos, en el primer semestre de 2025 se registraron 4.069 homicidios, el 90 % vinculados al crimen organizado, con un incremento del 50 % en víctimas menores de edad.
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Para Katherine Herrera, experta en seguridad pública y del Estado, la estrategia ha carecido de una planificación adecuada y de liderazgo por parte del actor que debería encabezar las operaciones en un conflicto armado: las Fuerzas Armadas. Señaló que el empleo prolongado de militares y policías en funciones ajenas a su misión original ha provocado pérdida de legitimidad y desgaste operativo, así como una “desnaturalización” de sus roles.
Propuesta de unidad élite para combatir crimen organizado
La experta Maffei sugirió que Ecuador debería contar con una unidad similar al Comando de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía Nacional de Colombia, una fuerza élite reconocida por su entrenamiento especializado, infraestructura y armamento de alto nivel para operaciones contra narcotraficantes y guerrilla.
Explicó que en el país no existe un cuerpo policial con ese grado de preparación y reconoció que replicar un modelo así implicaría inversión en capacitación, tecnología y doctrina, un riguroso proceso de selección de personal, además de un marco legal que los regule.
Operaciones conjuntas y limitaciones estratégicas
El decreto presidencial sostiene que las operaciones conjuntas han afectado a estructuras criminales identificadas como grupos armados organizados y que la magnitud de la violencia obliga a mantener medidas excepcionales. Sin embargo, los expertos advierten que la presión operativa sobre las fuerzas de seguridad, la ausencia de rotaciones y la falta de coordinación estratégica con otras instituciones pueden limitar la capacidad de respuesta a mediano plazo.
Pazmiño remarcó que ningún país ha logrado erradicar el crimen organizado y que la contención debe ir acompañada de políticas públicas que aborden las causas sociales del problema. Algo con lo que coinciden las dos expertas consultadas para este reportaje.
Mientras el Ejecutivo mantiene el despliegue militar y policial en las provincias costeras, las cifras de emergencias y homicidios evidencian que el conflicto prolongado está generando un doble desafío: sostener las operaciones sin agotar a las fuerzas y, al mismo tiempo, recuperar la efectividad y legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad.
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