Este jueves 16 de noviembre se llevará a cabo la primera votación para definir si Pedro Sánchez será investido como Presidente de Gobierno de España. Sánchez cuenta con 179 votos, tres más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta, gracias a los pactos que su partido PSOE ha realizado con otros partidos políticos.

Esta investidura ha estado envuelta en polémicas y de varias manifestaciones en las últimas semanas en el país europeo. El PSOE, para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, ha acordado facilitar una ley de amnistía que permitirá indultar los delitos relacionados con el proceso de autodeterminación e independencia de Cataluña respecto al resto de España.

A la comunidad migrante latina no le resulta indiferente lo que ocurre en la política española. Muchos de ellos están pendientes del futuro de la nación que los acogió para vivir y trabajar, especialmente los ecuatorianos, que constituyen el grupo extranjero de Latinoamérica más antiguo que llegó a este país.

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"Como ecuatoriana y residente permanente en este país, sentía la obligación de unirme a las manifestaciones para protestar contra la ley de amnistía y decirle a Pedro Sánchez, el actual presidente del país, ¡basta ya! por todas las arbitrariedades que está cometiendo en su desesperación por gobernar España otros cuatro años más", opina Sonia Ávila.

A criterio de Ávila, las alianzas políticas son necesarias siempre y cuando sean para mejorar el futuro de un país. No obstante, en el caso de Sánchez, ella cree que se busca socavar la democracia en España.

"Para gobernar, es necesario formar coaliciones entre los partidos políticos para obtener el bloque más grande de votantes en la Cámara de Diputados (…) No podemos permitir que un político, por muy Presidente que sea, en su afán de seguir gobernando, promulgue una ley para eliminar los delitos de delincuentes como Puigdemont y otros que han atentado contra la libertad y la democracia de España, y que actualmente se encuentran prófugos de la justicia", señala.

Por su parte, el compatriota Eduardo Plaza, coordinador del Colectivo Pueblo en Acción, considera que la ley de amnistía es un retroceso para la calidad democrática, en particular debido a las contradicciones que han tenido los socialistas.

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"Es de conocimiento general la postura que hasta hace poco tiempo mantuvo Sánchez, los principales voceros del gobierno y el partido socialista sobre este tema, y eran tajantes en señalar que esa posibilidad no era contemplada porque no tenía encaje constitucional. Haber cambiado de criterio, solo por apañarse y conseguir los votos que faltan para seguir en el poder, a cambio de muchas prebendas a esos partidos, es una clara afectación a la ética y moral pública, que deben estar por encima de los intereses partidistas y particulares".

En esa misma línea, concuerda el ciudadano Juan Alzamora, pero va un poco más allá. Lejos de cálculos políticos, le preocupa el claro mensaje de impunidad que Sánchez estará dejando a la sociedad.

“Si bien la búsqueda de la justicia y la reconciliación es fundamental en cualquier sociedad, al otorgar perdón (amnistía), elimina la responsabilidad y la transparencia que son pilares esenciales de un sistema legal justo. Al renunciar a la aplicación de la ley, el gobierno está enviando un mensaje equivocado, donde la impunidad prevalece sobre la rendición de cuentas”.

Además, indica que le genera incertidumbre este nuevo gobierno por la estabilidad política: "debido a su dependencia minoritaria de fuerzas independentistas, nacionalistas y terroristas como Bildu, (el cual llegó a presentar listas con condenados por delitos de sangre a las elecciones). La polarización y la falta de unidad podrían debilitar la capacidad del gobierno para abordar los desafíos cruciales que enfrentamos con una coalición compuesta por 8 partidos, de los cuales el partido político SUMAR está integrado por 16 partidos políticos, que acudieron conjuntamente a las elecciones".

Por otro lado, la ecuatoriana Paulina Cardona considera importante y necesario realizar concertaciones para asegurar la gobernabilidad. "Es responsabilidad de los políticos garantizar un gobierno estable. Creo que los pactos permiten garantizar avances sociales, de convivencia y un Estado de bienestar para todos los ciudadanos españoles."

La coyuntura que se ha vivido en España ha dado lugar a manifestaciones en contra de la amnistía y, por ende, la investidura de Pedro Sánchez.

"El derecho a manifestarse es un derecho constitucional, lo que no se puede admitir es que se fomente por parte de líderes políticos el odio e incluso el llamado a la desobediencia al cuerpo de la Policía Nacional, eso no es democracia, eso no es constitucional", comenta Cardona.

Para la compatriota Sofía Taco, las protestas son aceptables para aquellos que no están de acuerdo en este tema, aunque ella considera que los pactos y acuerdos del partido socialista están dentro del marco constitucional.

"Lo correcto es que las manifestaciones siempre sean pacíficas, pero no estoy de acuerdo con el nivel de violencia que ha tomado. Esto solo desestabiliza al país y demuestra el descontento del PP y de Vox, los cuales harán lo imposible para evitar que el PSOE gobierne, a pesar de que la amnistía sea constitucional y la investidura de Sánchez esté dentro de la legalidad, ya que vivimos en una democracia parlamentaria".

Se espera que este 16 de noviembre Pedro Sánchez sea investido como jefe del Ejecutivo. En caso de que no logre obtener la mayoría absoluta, se realizará una segunda votación de investidura después de 2 días, en la cual al líder socialista le bastará una mayoría simple en el Congreso.

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