Ecuador vive la nueva cara del terrorismo: el poder de las mafias y el vacío estatal

Atentados con coches bomba, una táctica terrorista utilizada por los principales grupos criminales de Colombia y México, son cada vez más frecuentes en Ecuador. Desde 2018 se han convertido en uno de los principales métodos de intimidación de las organizaciones delictivas.

En estos años, los ataques se han vuelto más sofisticados y han cambiado de propósito. Pasaron de dirigirse contra dependencias del sistema penitenciario o de la Policía a tener como blanco espacios civiles.

La explosión ocurrida la noche del martes en Guayaquil, cerca del centro comercial Mall del Sol, en una de las zonas más transitadas de la urbe, tuvo como objetivo provocar conmoción social. Así lo sostienen exjefes policiales y exministros del Interior.

Para Patricio Carrillo, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso y comandante general de la Policía en la administración de Lenín Moreno, estos últimos ataques terroristas deben entenderse dentro de un contexto político, tanto local como regional.

“La intencionalidad, el nivel de daño y la sofisticación del artefacto explosivo son las pistas que conducen a organizaciones político-criminales. Estas estructuras se sienten afectadas en sus economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, pero también buscan enviar un mensaje político en medio de una convulsión social”, analiza.

El exfuncionario explica que todas las provincias del país tienen presencia de minería ilegal y que esta, en muchos casos, cuenta con el respaldo de actores políticos locales o nacionales que protegen sus intereses. “El precio de la onza de oro hoy resulta más rentable que la cocaína, y no quieren perder ese negocio”, añade.

A nivel regional, Carrillo considera que Ecuador sufre los efectos de la situación en Colombia, Venezuela y México. “Para Estados Unidos, Venezuela no representa un gobierno legítimo, no solo por el fraude electoral, sino porque mantiene vínculos con el narcotráfico. En cambio, Colombia ha sido sancionada por el Grupo Egmont. En México operan los cárteles de la droga y, además, esos países se han convertido en refugio de nuestros mafiosos”.

En esa misma línea, Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), también identifica un componente político en los recientes ataques. “Aunque no se quiera admitir, enfrentamos un grave problema de crimen organizado que involucra a terroristas y mafias políticas. Estas defienden economías ilegales, fomentan el caos y se amparan en su condición política para promover la desestabilización del Estado”.

Rueda afirma que los coches bomba que provocaron escenas de pánico en Guayaquil o que intentaron derribar un puente en la vía Cuenca-Girón representan una “instrumentalización del miedo, con un matiz político, porque también vemos el uso de redes de desinformación”.

Un ataque con una motivación netamente delictiva

Juan Zapata, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Lasso, ofrece una visión distinta. Su análisis se centra únicamente en el ámbito criminal. Considera que los atentados son similares a los que el país ya ha vivido. Indicó que entre el 1 y el 3 de noviembre de 2022 se registraron más de 30 ataques terroristas, con coches bomba, incendios de vehículos y asesinatos de policías, como respuesta a los traslados de cabecillas de Los Lobos y Los Choneros.

“Los coches bomba eran colocados en gasolineras, los incendiaban y esperaban la detonación para causar una gran conmoción social”, señala.

Para Zapata, las organizaciones delictivas mantienen una disputa abierta, y la tasa de homicidios evidencia un incremento constante en el nivel de violencia.

El exministro del Interior César Navas también destaca el aumento de los homicidios. “La proyección indica que este año la tasa podría alcanzar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que revela un nivel de violencia sin precedentes, impulsado por organizaciones cada vez más agresivas”.

Navas recuerda al atentado contra el Comando de la Policía de San Lorenzo en 2018. “Fue una respuesta puntual porque habíamos detenido a parientes de alias Guacho y habíamos golpeado su economía con la incautación de precursores químicos. Ahora, en cambio, los ataques apuntan directamente a la población y buscan infundir miedo”, argumenta.

Finalmente, Alain Luna, ex director general de Investigación de la Policía Nacional, resalta que los grupos criminales han roto sus propios códigos. “En ese submundo delincuencial, las bandas antes se dañaban entre sí. Luego dejaron de preocuparse por los daños colaterales. Hoy atacan a la población”. Concluye que la violencia seguirá incrementándose como ocurrió en la década de los 80 en Colombia.

Fiscalía investiga a los autores

La Fiscalía General del Estado investiga de oficio las explosiones ocurridas en Guayas y en Azuay, entre el martes 14 y miércoles 15 de octubre del 2025. Los tres hechos han generado alarma, y uno de ellos dejó una víctima mortal. “La investigación busca determinar las circunstancias y a los presuntos responsables del hecho. Se coordina con la Policía de Ecuador el levantamiento de indicios, entre ellos la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en las vías”, señaló la entidad.

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