Uruguay se consolida como referente en transición energética renovable

Mientras Ecuador vuelve a tambalear por su fragilidad eléctrica, Uruguay ofrece un espejo en el que Ecuador podría verse para avanzar hacia una real transición energética.

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En 2008, una combinación de estiaje severo y altos precios del petróleo hundió más de un punto el PIB uruguayo. En ese momento, el país tenía una matriz altamente dependiente de la hidroelectricidad, como Ecuador hoy sigue dependiendo de la hidroelectricidad; aunque posee petróleo, su producción ha caído y enfrenta un futuro complejo por daños en oleoductos y presiones sociales contra nuevas explotaciones. Pero en lugar de profundizar la crisis, Uruguay apostó por diversificar. Hoy, más del 90 % de su electricidad proviene de fuentes renovables diversas, lo que ha fortalecido su economía y su resiliencia climática.

El Índice de Transición Energética de 2024, ubica en el puesto 33 a Uruguay, mientras que Ecuador ocupa el 74, a pesar que tienen un puntaje similar en desempeño de los sistemas la brecha se abre al hablar de la preparación para la transición, pues Uruguay ha avanzado en infraestructura, innovación, capital humano y políticas públicas, mientras que Ecuador muestra debilidades.

En este contexto y sin replicar modelos externos a ciegas es necesario preguntarse: ¿Qué condiciones políticas y técnicas se requieren para que Ecuador emprenda su transición energética? Uruguay, país que en apenas una década logró con éxito su transición energética, ofrece un espejo útil.

Uruguay apostó por un mix energético

En lugar de apostar por la nuclear, Uruguay optó por un mix energético basado en la eólica, la solar y la biomasa, dando inicio a una transformación profunda respaldada por la Política Energética 2008-2030. Esta política, formulada bajo el mandato de Tabaré Vázquez y continuada por José Mujica, se convirtió en una política de Estado, respaldada por todos los partidos representados en el Parlamento.

La decisión tuvo fundamentos técnicos, políticos y económicos. “El 90 % de las nuevas plantas en el mundo son eólicas o solares. Más allá del cambio climático, fue una decisión de conveniencia nacional”, cuenta Ramón Méndez Galain, entonces físico catedrático y quien se convertiría en Director Nacional de Energía de ese país, en 2015. Uruguay no solo firmó contratos a largo plazo con precios fijos, sino que generó más de 50.000 empleos y promovió desarrollo territorial.

Gracias a la complementariedad energética -uso inteligente de sol, viento y agua-, Uruguay cubre el 100 % de su demanda incluso en años secos, señala, Méndez. En 2024, el 99 % de su matriz fue renovable. Según el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la composición fue liderada por la hidroelectricidad (42 %), seguida por la eólica (28 %) y la biomasa (26 %). La energía solar y los combustibles fósiles representaron apenas el 3 % y 1 %, respectivamente.

Se puede operar un sistema casi 100 % renovable,

Méndez es cauto: “No me gusta dar recomendaciones a otros gobiernos. Pero sí puedo compartir la experiencia. En Uruguay, y ahora en países de África y Asia, estamos mostrando que se puede operar un sistema casi 100 % renovable, siempre que haya complementariedad entre fuentes”.

Agrega que en Ecuador, donde la única fuente renovable dominante es el agua, “introducir más energía eólica y solar ayudaría no solo a reducir costos, sino a estabilizar el sistema. Esa complementariedad brinda resiliencia... Las renovables, bien planificadas, garantizan sistemas robustos y predecibles”, frente a los combustibles fósiles, cuyos precios varía según las crisis geopolíticas.

El cambio en la normastiva es necesario

Para Méndez, el principal obstáculo para las energías renovables no es técnico, sino político y regulatorio. “Seguimos teniendo sistemas energéticos con un sesgo muy importante a favor de las fuentes fósiles. Eso es lo que impide que las transiciones ocurran rápidamente”.

Corina Navarrete, abogada con enfoque ambiental, señala que la normativa energética ecuatoriana responde más a crisis que a planificación: “El mayor impulso a las energías renovables se da por el asunto del estiaje”, sostiene. Hace falta, una reestructuración que las coloque en el centro de la transición.

Para el doctor en Energías Renovables, Juan Peralta, Ecuador debe iniciar por reconocer su panorama complejo: “hay que hacer una valoración de recursos con estudios actualizados, transparentar la información y sincerar el Plan Maestro de Electricidad (2023-2032)”. El país no puede seguir planificando con datos desfasados, agrega. “El cambio climático nos obliga ya no solo a hablar de modelación climática, sino de modelación climática energética”. Si no se actualizan los criterios y no se respeta una planificación coherente, la transición energética no sería posible.

Descarte de la energía nuclear

Cuando Uruguay inició su transición energética en 2008, evaluó todas las opciones posibles, incluida la nuclear. Sin embargo, tras el desastre de Fukushima en 2011, la decisión fue clara: no era viable, ni técnica ni económicamente. Ramón Méndez Galain, entonces físico y catedrático universitario, y quien se convertiría en director nacional de Energía hasta el 2015, lo explica así:“En ese momento, la energía nuclear se consideraba una opción viable, hasta que ocurrió el desastre de Fukushima. Ese evento dejó claro que la energía nuclear es mucho más cara que las demás fuentes”.

Según Méndez, actualmente el costo de capital de la energía nuclear es altísimo y su ciclo de vida implica gastos impredecibles. Solo países con tecnología propia y financiamiento estatal sólido -como China, India o Corea del Sur- pueden planteársela en serio. “Todos los demás desistieron. No se han instalado nuevas plantas en décadas”, señaló.

Su conclusión se basa en un estudio iniciado por Uruguay en 2009 y finalizado en 2013. Méndez fue Vice-Gobernador por Uruguay en el Organismo Internacional de Energía Atómica que asesoraba sobre el tema: “La conclusión fue clara: no era conveniente”.

En América Latina, la energía nuclear sigue siendo marginal. Según la OLADE, Argentina, Brasil y México son los únicos países con centrales operativas, que representan apenas el 1,1 % de la capacidad instalada regional y alrededor del 2 % de la producción energética. “La última planta en Argentina demoró 20 años y tuvo sobrecostos altísimos. Es una constante”, advirtió Méndez.

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