Transportistas del Carchi anuncian paro por crisis comercial con Colombia
El gremio asegura que unos 3.400 camiones están sin actividad debido a aranceles y prohibiciones de ingreso por vía terrestre
La tensión comercial entre Ecuador y Colombia ya tiene efectos directos en la frontera norte. En la provincia del Carchi, los transportistas de carga pesada anunciaron una paralización de actividades en rechazo a los aranceles y restricciones impuestas por ambos gobiernos.
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Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, confirmó a Diario EXPRESO que la medida comenzará a la medianoche entre el domingo 1 y el lunes 2 de marzo. La decisión fue adoptada en asamblea y contempla sacar los camiones a un costado de la vía, en señal de protesta pacífica, para evidenciar que actualmente no tienen carga que transportar.
“Los carros están en los garajes porque no hay qué movilizar. Queremos que vean que estamos sin actividad”, afirmó Bastidas. Según explicó, la afectación no es solo para los transportistas, sino también para almaceneras, agencias de aduana, administradores y trabajadores vinculados al comercio exterior.
De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito en Carchi, existen entre 150 y 160 compañías de transporte pesado, con un registro aproximado de entre 3.000 y 3.400 vehículos en la provincia. En temporada alta, solo en el caso del plátano, se movilizan en promedio 50 camiones diarios desde zonas como El Carmen, Guayas o Babahoyo hacia Ipiales. Cada flete bordea los 400 dólares, lo que representa alrededor de 20.000 dólares diarios que hoy no se generan.
El dirigente cuestiona que, además del arancel del 30 % aplicado por Colombia a productos ecuatorianos, exista prohibición de ingreso por vía terrestre para mercancías como plátano, arroz, maracuyá y aguacate. “Si fuera solo el arancel, alguien podría arriesgarse a pagar, pero si está prohibido ingresar, no hay alternativa”, sostuvo.
Bastidas aseguró que han solicitado la derogatoria de la denominada “tasa de seguridad” impuesta por el Gobierno ecuatoriano, que desde el 1 de marzo subirá del 30 % al 50 % para productos colombianos. Según dijo, no buscan bonos ni compensaciones, sino la eliminación de la medida y un diálogo directo entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo colombiano.
“El problema de seguridad fronteriza no debe mezclarse con la actividad comercial. Una cosa es combatir el narcotráfico y otra es cerrar el trabajo formal”, enfatizó.
Los transportistas esperan que su acción genere una reacción del Ejecutivo. De no haber respuesta, advierten que evaluarán nuevas medidas. Mientras tanto, en la frontera, la falta de carga y la incertidumbre económica profundizan la preocupación por el empleo y la estabilidad social en una de las zonas más sensibles del país.
Presidente Noboa defiende la medida de los aranceles
Las cifras oficiales son el principal argumento del presidente Daniel Noboa para defender la escalada arancelaria con Colombia, una medida que —según sostiene— no solo tiene impacto comercial, sino también efectos en la seguridad de la frontera norte.
La disputa comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, con el argumento de que el vecino país no había adoptado acciones suficientes para frenar el paso de droga hacia territorio ecuatoriano. Desde el 1 de marzo, esa sobretasa subirá al 50 %.
En una entrevista con Radio Centro, Noboa aseguró que el país destina alrededor de 400 millones de dólares adicionales para enfrentar la crisis de seguridad. Según explicó, en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos las muertes violentas bajaron 33 % en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025. El Mandatario vinculó esta reducción con el refuerzo de controles y con las decisiones adoptadas tanto en el ámbito comercial como en el de seguridad.
El Presidente también reconoció que Colombia es el segundo socio comercial de Ecuador, pero subrayó que es el país con el mayor déficit en la balanza bilateral. El saldo negativo en bienes bordea los 1.100 millones de dólares. Además, informó que se han recaudado 13 millones de dólares a través de la tasa aplicada a las importaciones colombianas, recursos que —dijo— se destinarán a fortalecer las acciones de seguridad.
Las respuestas de Colombia hasta la fecha
La respuesta colombiana no se hizo esperar. Inicialmente, Bogotá suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, aunque la generación local se ha mantenido estable gracias a las lluvias. Posteriormente, Colombia elevó al 30 % el arancel a 73 subpartidas ecuatorianas y restringió el ingreso terrestre de productos como arroz, camarón, banano, plátano y hortalizas.
La presión también se trasladó al sector petrolero. Ecuador incrementó la tarifa para transportar crudo colombiano por su sistema de oleoductos: el costo por barril pasó de alrededor de 3 dólares a más de 30. Colombia llevó el caso ante la Comunidad Andina, al considerar que se vulnera el Acuerdo de Cartagena.
Una misión diplomática intentó acercar posiciones, pero no hubo acuerdo. Ahora, con el incremento al 50 % que entrará en vigor este 1 de marzo, el Ministerio de Comercio colombiano analiza aplicar el mismo porcentaje a las exportaciones ecuatorianas, lo que profundizaría la guerra comercial.
Mientras los gobiernos defienden sus posturas con cifras de seguridad y balanza comercial, empresarios y trabajadores de ambos países enfrentan las consecuencias de una confrontación que combina política, comercio y seguridad en una frontera cada vez más tensionada.
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