El SOTE, entre soluciones viables pero postergadas

La nueva paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) le cuesta al país 7,4 millones de dólares diarios. Cuatro gobiernos consecutivos han estado al tanto del problema de erosión regresiva en la zona de Coca-Codo Sinclair, pero la solución definitiva -una obra valorada en 150 millones de dólares- sigue postergada, mientras el peligro se aproxima a la captación de la hidroeléctrica y al oleoducto transecuatoriano.

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El problema del SOTE responde a múltiples factores, según explica Christopher Velasco, docente investigador en gestión de riesgos. El punto más crítico se concentra en el sector Coca-Codo Sinclair, donde el oleoducto cruza terrenos que se están desmoronando por la erosión regresiva. La erosión que hace años estaba a 4.5 kilómetros de distancia de la captación de la hidroeléctrica, hoy está a solo 1.7 kilómetros y sigue avanzando. Es “una crónica de una muerte anunciada”, explica Velasco. Gustavo Pinto, ingeniero de petróleos y exdecano de la Universidad Central, concuerda con esa advertencia, añade que esta zona “es inestable y de alto riesgo geodinámico”.

53 años de vida

Según Velasco, los factores que amenazan al SOTE son: las precipitaciones cada vez más intensas debido al cambio climático, el tipo de suelo que con la lluvia “se vuelve una colada”, la construcción de carreteras y asentamientos humanos en la zona que debilitan la capacidad del terreno para soportar peso y una infraestructura que tiene 53 años sin renovaciones significativas.

Para Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, la solución definitiva es clara: construir una variante que pase por encima de la montaña, evitando la zona de erosión regresiva. Si se toma esta vía, el especialista estima que podría costar $ 150 millones, pero con una duración de unos 100 años.

El especialista descarta alternativas como el soterramiento o cambios en los materiales de la tubería, que serían “extremadamente costosos” o técnicamente inviables.

Sin embargo, el Estado ecuatoriano no dispone de estos recursos para ejecutar la obra, enfatiza Baldeón, pero la inacción tiene un precio alto. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe Ecuador), calcula que cada día de paralización representan pérdidas de 7.4 millones de dólares por la interrupción de exportaciones de 130.000 barriles diarios. Y la paradoja es clara: en menos de un mes de paralización, el país pierde lo que costaría la solución definitiva.

Inversión privada

Ante las limitaciones fiscales, surge la participación privada como una alternativa viable. Baldeón enfatiza que el Estado “tiene que delegar esta solución de forma urgente porque el estado no tiene dinero”, y recuerda que cuando el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) estaba bajo administración privada, la empresa ofreció construir la variante a cambio de la renovación del contrato, que no se realizó.

Marcelo Bodero, abogado especialista en inversiones público-privadas, confirma que existen propuestas concretas del sector privado que van más allá de simples cartas de interés. El abogado asegura que “Hay una compañía que hace cinco años presentó una iniciativa con estudios de prefactibilidad, diseños base, todo a su costo y riesgo”. Sin embargo, estas iniciativas “duermen el sueño eterno” en PetroEcuador, debido a la constante rotación de gerentes y falta de decisión política.

La solución que propone el sector privado es clara: una “derivación definitiva” mediante alianzas estratégicas. “Si sumamos los dos ductos (SOTE Y OCP), estamos hablando de 500 millones de dólares”, indica Bodero, pero con un esquema de financiamiento que podría extenderse de 20 a 25 años.

En caso de que Ecuador siga optando por “soluciones parche” las consecuencias económicas podrían ser devastadoras. Los expertos consultados explican que en este momento la paralización del SOTE obliga al país a incrementar las importaciones de derivados, que tienen costos significativamente mayores que el crudo nacional procesado. Este diferencial se traduce en mayor presión fiscal y, eventualmente, en reformas tributarias que afectan a toda la población.

Bodero advierte sobre la urgencia del problema: “Si el fenómeno llega a las estaciones de bombeo, eso no se puede reparar en meses, se repara en años. Ecuador dejaría de exportar petróleo (definitivamente)”. Además, el país carece de capacidad de almacenamiento suficiente, lo que obliga a parar la producción cuando hay interrupciones. “No hay opción B”, enfatiza. Y cuenta con preocupación que “Cada año, lo que cuesta las paralizaciones podría pagar la obra de derivación completa”.

A pesar de que este problema tiene décadas, el pasado jueves, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó en un comunicado la conformación de una comisión técnica para desarrollar estudios definitivos de la variante sobre el margen derecho del río Coca, que incluirá la reubicación del SOTE, OCP e infraestructura vial. Además, ordena al Ministerio de Economía la asignación de recursos para financiar la construcción de esta variante definitiva. La pregunta es: ¿Cuándo y cómo se hará?

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