Sentencia CC sector eléctrico: Energía y Producción difieren sobre alcance del fallo
Energía sostiene que este fallo no frena proyectos eléctricos con privados; Producción cree que limita trabajar con empresas
El alcance de la sentencia de la Corte Constitucional que anuló el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) causó diferencias incluso al interior del mismo Gobierno. Mientras el ente rector, Ministerio de Ambiente y Energía, sostiene que el fallo no frena inversiones ni contratos vigentes, el Ministerio de Producción coincide con el presidente Daniel Noboa y advierte riesgos para la seguridad energética y la competitividad del país.
El Ministerio de Ambiente y Energía se pronunció en la noche del 10 de enero de 2026. En su comunicado, la cartera de Estado ratificó su compromiso con la seguridad energética, la prestación continua y de calidad del servicio eléctrico y un entorno de inversión transparente y competitivo. Según el Ministerio, la Sentencia 112-21-IN/25 de la Corte Constitucional no impide el desarrollo de nuevos proyectos ni afecta las delegaciones realizadas con anterioridad.
La entidad aseguró que los contratos y títulos habilitantes vigentes mantienen su validez y pueden seguir ejecutándose conforme a las condiciones establecidas, con acompañamiento y control permanente del Estado. Además, destacó que el fallo reafirma la figura de los autogeneradores como actores válidos dentro del sistema eléctrico, cuya operación -vinculada al autoconsumo y a la entrega de excedentes- debe integrarse de manera regulada y supervisada al Sistema Nacional Interconectado.
Como respuesta inmediata, el Ministerio anunció que impulsará una reforma legal para definir de forma técnica, clara y verificable las condiciones de la delegación excepcional, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los proyectos futuros y fortalecer el control público. De manera paralela, planteó una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector eléctrico, enfocada en planificación, transparencia, calidad del servicio, inversión responsable y transición energética.
Producción rechazó la sentencia de la Corte Constitucional
Una lectura distinta provino del sector productivo, a través de un pronunciamiento del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Desde esta cartera se respaldó el rechazo de gremios empresariales a la decisión de la Corte, al considerar que limita la posibilidad de que el Estado trabaje de manera conjunta con la empresa privada para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, heredado por el Gobierno actual en condiciones precarias.
Diversas organizaciones empresariales expresaron su preocupación por el impacto del fallo. La Cámara de Comercio de Quito advirtió que la resolución genera impedimentos en un momento en que el país requiere soluciones estructurales para asegurar el abastecimiento eléctrico. Su presidenta, Mónica Heller, sostuvo que la decisión “no ayuda al país” y frena cambios necesarios. En la misma línea, el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño remarcó la importancia de un entorno que promueva la inversión privada y el trabajo público-privado para sostener crecimiento y empleo.
La Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana calificó la sentencia como un retroceso que restringe aún más la participación privada, al basarse -según su criterio- en una interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad. A su vez, la Cámara de Industrias y Producción alertó sobre el riesgo de afectaciones al suministro eléctrico y a la competitividad, ante un eventual retorno de los apagones. La Asociación de Exportadores de Plátano añadió que el impacto se trasladaría a la producción y las exportaciones, al debilitar la confianza y la seguridad jurídica para invertir.
En este sentido, el Ministerio de Producción reiteró su rechazo a la medida adoptada por la CC. “Ecuador necesita instituciones responsables y diligentes ante las urgencias de la sociedad”.
Sentencia CC sector eléctrico: Producción coincide con la visión del presidente Daniel Noboa
Este criterio va en línea con lo expuesto el 10 de enero de 2025 por el presidente Daniel Noboa. “A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político. Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país”.
El mandatario atribuyó la decisión a intereses políticos y dijo que “prefieren un país en desastre si eso les permite volver a gobernar”, además de mencionar que no cedió a intentos de “cogobernar” ni a “repartir cuotas”. Además, expuso en redes sociales las fotografías de los magistrados de la CC, que aprobaron la sentencia.
La renovación de cinco contratos de alquiler de barcazas de generación y centrales térmicas; más la incorporación de dos nuevas soluciones, también rentadas, es la salida “rápida” que tomará en este 2026 el Gobierno para garantizar electricidad en Ecuador.
— Diario Expreso (@Expresoec) January 10, 2026
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Esta discusión ocurre pese a que la sentencia de la CC no prohíbe la participación privada en el desarrollo de proyectos eléctricos.
Por esta razón, ante la difusión de información imprecisa sobre el alcance la sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre la participación privada en el sector eléctrico, la CC precisó que la decisión no prohíbe la inversión privada ni paraliza proyectos energéticos, y tampoco anula concesiones ya otorgadas. Este fallo tampoco guarda relación con eventuales problemas de suministro eléctrico.
La provisión del suministro eléctrico responde a las acciones implementadas por el Gobierno para garantizar la demanda ante el aumento de la demanda nacional de este recurso, los atrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación, como las fallidas centrales de Austral y Progen (241 MW). Así como las prórrogas en los mantenimientos o en la recuperación de unidades térmicas existentes.
