Retos demográficos del IESS: ¿Qué pasará con las pensiones en 10 años?
La relación entre aportantes y jubilados cayó de 10 a 5 en dos décadas. Sin reformas, el IESS no podrá pagar pensiones
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta una situación financiera compleja que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Con 3,3 millones de afiliados activos y cerca de 700.000 pensionistas, la institución registra un desbalance entre ingresos y gastos. Karina Flores, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y abogada experta en derecho laboral, considera que sin reformas estructurales la situación se volverá insostenible.
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El IESS necesita $ 6.785 millones para cubrir las pensiones en 2025, pero los aportes de afiliados alcanzan $ 3.326 millones. Esta brecha de más de $ 3.400 millones obliga a la institución a desinvertir $ 1.261 millones de sus ahorros administrados por el Banco del IESS (Biess), lo que compromete el pago de pensiones futuras y la entrega de préstamos hipotecarios.
Según Flores, el problema es que el IESS intenta abarcar múltiples prestaciones sin recursos suficientes. "La institución tiene un montón de prestaciones —montepío, jubilación, seguro de salud— y no está logrando cubrir de manera eficiente todos estos beneficios", explica la especialista. Para ella, el modelo actual ya no es rentable y varios estudios lo evidencian.
El factor demográfico agrava la situación. A inicios de los años 2000 había 10 aportantes por cada jubilado. Hoy esa relación bajó a cinco por uno. Para 2050, las proyecciones indican que habrá dos trabajadores activos por cada pensionista.
”Se ha hecho varias estimaciones y justamente se dice que en el futuro no van a haber tantos contribuyentes, en este caso afiliados, para cubrir las prestaciones de los jubilados", explica Flores. Esta situación generará un problema cada vez mayor y por eso se discute incrementar tanto el plazo de aportaciones como los años de jubilación.
Flores es clara sobre el escenario que enfrenta el IESS en los próximos años. Según la experta, de mantenerse las condiciones actuales —con más jubilados, menos aportantes y una gestión ineficiente— la institución perderá su capacidad de pago. "Si esto sigue como está pasando, lo que puede pasar es que justamente el Instituto de Seguridad Social quiebre y no va a poder pagar ninguna de las prestaciones que tiene", advierte. La abogada explica que el tiempo para actuar se acorta y que se requiere una reforma que no solo modifique las leyes, sino que también reorganice cómo funciona el IESS internamente. Para Flores, esta década será decisiva para definir si el sistema de pensiones sobrevive o colapsa.
Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo del IESS, reconoció en enero de 2025 que "como está el sistema, no dura 40 años". Entre las medidas que se estudian están incrementar el aporte de 20,6% a 30%, modificar la base de cálculo de pensiones y aumentar los años de aportación requeridos.
La experta identifica varios factores que han llevado al IESS a esta situación. Existe una cartera de mora que la institución no ha logrado cobrar de manera eficiente. "Bajo ciertos índices que se ha visto del IESS mismo existe una mora o una cartera muy alta por cobrar de varios rubros, en este caso por parte de las personas que tienen que aportar a ellos y que no están pagando como deberían hacer", señala.
Pesa la deuda del Estado
La deuda del Estado con la institución alcanza $ 24.233 millones hasta marzo de 2025, consecuencia de décadas de incumplimiento en el aporte del 40% que debe destinar por ley al pago de pensiones. Flores destaca que históricamente el IESS le ha prestado dinero al Estado cuando esto no debería ocurrir. "Este dinero era de los afiliados y los pensionistas", recalca.
Flores recalca que existe "una falta de transparencia por parte de la institución" y que "pese a que la ley dice que tiene que ser independiente, esto en la práctica no es así". Flores señala que el IESS gasta cantidades considerables en cubrir pensiones altas de algunos jubilados, en lugar de priorizar a quienes más lo necesitan. Actualmente, la pensión mínima es de $ 235 mensuales, mientras que la máxima alcanza $ 2.585.
La informalidad laboral complica el panorama. Varios empleadores buscan modelos contractuales que evitan la afiliación al IESS. "Existen personas que están en el empleo, en desempleo y en subempleo, es complicado que sean luego o que se afilien al IESS", explica Flores. Para ella, esto genera una "doble vulneración de derechos" porque no solo afecta la afiliación a la seguridad social, sino también los derechos laborales. Solo el 39% de la población económicamente activa está afiliada al IESS.
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