Los requisitos no son garantía de eficiencia en nueva Junta

El presidente, Daniel Noboa, deberá enviar hasta este sábado, 26 de julio, la terna de candidatos para integrar la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que fusiona los organismos monetario y financiero en una sola entidad de cinco miembros designados por cuatro años.

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Expertos consultados coinciden en que la unificación representa un avance institucional, aunque plantean observaciones específicas sobre los criterios de selección establecidos en la nueva regulación.

La reforma consolida las anteriores Junta Monetaria y Junta Financiera en un solo organismo de gobierno del Banco Central, cuyos miembros serán designados por la Asamblea Nacional entre candidatos propuestos por el Presidente de la República. Esta consolidación busca corregir la “descoordinación” que se creó al separar las juntas en 2021, según explica Rosa Matilde Guerrero, exsuperintendenta de Bancos.

Los requisitos establecidos incluyen título profesional de cuarto nivel en economía, finanzas, administración, auditoría o áreas relacionadas, además de al menos diez años de experiencia en funciones de dirección relevantes en el ámbito monetario, financiero, de seguros o valores. También se exige no estar afiliado a partidos políticos y no haber sido propietario de entidades financieras en los últimos cinco años.

Marco López, exdelegado del presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, considera que la exigencia de cuarto nivel podría ser discriminatoria porque “solo lo puede adquirir alguien que pueda pagarlo”, contradiciendo el principio constitucional de educación gratuita.

López propone mantener la exigencia de cuarto nivel, pero condicionada a tener “un tercer nivel que sea afín al tema” en economía, administración o contaduría para evitar que personas sin formación técnica relevante accedan a funciones monetarias y financieras.

Guerrero defiende los requisitos actuales como necesarios ante la complejidad creciente del sistema financiero. La exsuperintendenta de Bancos explica que la junta unificada deberá coordinar un mercado que ahora abarca no solo bancos y cooperativas, sino “el mercado de valores, el sistema de seguros, el sistema de pensiones” y nuevos riesgos tecnológicos como “inteligencia artificial, machine learning, tecnología blockchain” que generan “riesgos de ciberseguridad”.

Verónica Artola, exgerente del Banco Central, coincide en que el elemento crucial será “buscar perfiles que realmente contribuyan” al sistema y evitar designaciones basadas “nada más en intereses políticos”. La especialista considera que los requisitos técnicos son apropiados, pero advierte que la calidad de los nombramientos determinará el éxito de la reforma.

Problemas del modelo anterior

El diseño institucional previo presentaba serios conflictos de interés, según López. “Antes tenían al ratón cuidando el queso”, explica, refiriéndose a que el ministro de finanzas presidía la junta mientras simultáneamente necesitaba obtener recursos para financiar el presupuesto estatal. Este conflicto llevó a decisiones antitécnicas como la emisión de “ecuadólares” sin respaldo por 10.000 millones de dólares durante el gobierno de Correa, déficit que actualmente “está alrededor de los 5.000 millones de dólares”.

Respaldo internacional y próximos retos

Sobre los posibles riesgos para el esquema monetario, Artola es categórica: “No creo que esto pueda poner en riesgo en absoluto la dolarización”. La especialista interpreta que el cambio cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, el mismo organismo que había impulsado la separación en 2020. “Para que esta decisión ya se haya tomado por parte del presidente, quiere decir que ya hubo conversaciones previas con el Fondo Monetario”, razona.

López coincide en que el FMI respalda el cambio, aunque critica que “seguramente lo pidió del fondo y se lo aceptaron, pero había que pelearlo” para mantener mayor autonomía nacional en las decisiones.

Uno de los mayores desafíos que enfrentará la nueva junta será “la transformación de las cooperativas a bancos” según establece la nueva normativa. Este proceso requerirá análisis técnico detallado de las instituciones financieras más grandes del sector cooperativo, que deberán cumplir con regulaciones bancarias tradicionales.

Una vez que la nueva junta se posesione, enfrentará el complejo reto de evaluar qué cooperativas de ahorro y crédito representan riesgo sistémico y deben transformarse en bancos privados. La Ley de Integridad Pública establece un plazo de 90 días para este análisis, pero la medida ya genera controversia: esta semana las cooperativas presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta disposición.

La unificación marca el retorno a un modelo que funcionó desde 2014 hasta octubre de 2021, cuando una reforma impulsada por el FMI las separó. Según Artola, el experimento de división “fue una prueba-error” donde “se fueron infiltrando intereses políticos y hubo mala ejecución en ciertos temas”, problemas que la nueva estructura busca corregir.

El voto de Finanzas se elimina

Según la norma, el nuevo ente estará conformado por cinco miembros que ejercerán sus funciones a tiempo completo, pero entre ellos solamente estará “un delegado del ente rector de las finanzas públicas, que participará con voz pero sin voto en las deliberaciones”. El objetivo es claro: conseguir independencia y alejar al poder político de las decisiones técnicas.

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