Cooperativas rechazan mandato legal que busca convertir entidades en bancos

El sector cooperativo de Ecuador presentó este miércoles un manifiesto público en el que exhorta a la Corte Constitucional a priorizar la demanda de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria décimo primera de la Ley de Integridad Pública, que los obligaría a transformarse en sociedades anónimas bajo supervisión bancaria.

Durante la rueda de prensa, realizada en Quito, los dirigentes de Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) confirmaron que han solicitado formalmente al presidente Daniel Noboa "la apertura de un canal formal de diálogo directo y coordinado" para exponer la realidad del sector que agrupa a más de 6 millones de ecuatorianos y maneja activos superiores a 19.000 millones de dólares.

El abogado Andrés Benavides, quien representa legalmente al sector, explicó que aunque la Corte Constitucional tiene "alta carga procesal", el reglamento permite "priorizar el caso y saltarse el orden cronológico" dada la urgencia del tema. La medida cautelar solicitada busca específicamente "la suspensión de la implementación de esta transitoria", lo que impediría que la Junta de Política Monetaria y Financiera emita las regulaciones correspondientes hasta que se pronuncie definitivamente la Corte Constitucional.

Se descarta un riesgo de pánico financiero

Juan Pablo Guerra, director ejecutivo de Asofipse, descartó la posibilidad de pánico financiero entre los socios y aseguró que "la reacción ha sido motivar la unidad del sector". El dirigente explicó mediante una analogía concreta cómo la conversión afectaría la gobernanza: "Si una cooperativa tiene 50 socios con $1 cada uno, al convertirse en banco, alguien podría comprar 25 acciones y controlar las decisiones", creando "una cultura del interés pecuniario" que destruiría el principio democrático de "un socio, un voto".

Los representantes del sector confirmaron que realizaron acercamientos tanto con la Asamblea Nacional como con el Ejecutivo, aunque lamentaron que "la disposición transitoria en menos de 3 días fue conocida, aprobada hasta el segundo debate y se fue al registro oficial en menos de 5 días". El manifiesto también destacó el respaldo internacional recibido, incluyendo el pronunciamiento de la Alianza Cooperativa Internacional que "ha alertado al mundo lo que está pasando en Ecuador", mientras el sector mantiene su posición categórica: "las cooperativas no somos bancos y no queremos ser bancos".

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