Cooperativas de Ecuador: de la asociatividad a operar en el sistema bancario

El sistema financiero ecuatoriano está en el umbral de una posible transformación estructural. La Ley de Integridad Pública, aprobada la noche del pasado 24 de junio por la Asamblea Nacional, incorpora modificaciones al Código Orgánico Monetario y Financiero que podrían cambiar radicalmente la operación de algunas cooperativas de ahorro y crédito, responsables del 76 % del microcrédito que se coloca en Ecuador.

La normativa, en su Disposición Transitoria Décima Primera, establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá un plazo de 90 días, desde la posesión de sus    nuevos miembros, para emitir las regulaciones necesarias que identifiquen qué cooperativas de ahorro y crédito deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

Rosa Matilde Guerrero, exsuperintendenta de Bancos, considera que esta transformación podría representar una oportunidad para el sector. “Al convertirlas en sociedades anónimas, estas cooperativas, no necesariamente las más grandes sino aquellas que necesiten un proceso de fortalecimiento, tendrían una mayor posibilidad de capitalizarse y pasar a ser supervisadas por una Superintendencia que tiene una mayor tradición de control”, explica Guerrero.

Las dimensiones del sector cooperativo en Ecuador son considerables. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hoy rector de este sector, existen 398 entidades cooperativas que agrupan a 6’109.546 socios y manejan activos superiores a los 19.000 millones de dólares, hasta abril de 2025. Este universo financiero opera bajo un modelo asociativo en el que cada socio tiene voz y voto independientemente del capital aportado, principio fundamental del cooperativismo.

Para Edgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), esta ley estaría “forzando una conversión jurídica de cooperativas en bancos”, lo que modificaría sustancialmente el modelo asociativo.

Y al convertirse en sociedades anónimas, se reemplaza la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional, argumenta Peñaherrera. “Esto es traído de los cabellos, no tiene un asidero técnico ni jurídico. Es un atropello a la libertad de organización, también un atropello al Código Monetario y a la Constitución”.

El dirigente gremial destaca que existen cooperativas con más de 300.000 socios, donde cada uno tiene derecho a voto independientemente de su aporte de capital. “Eso es lo que les permite precisamente a las cooperativas ser una fuerza, no solo en Ecuador sino en el mundo entero, inyectar microcréditos    para    combatir la pobreza, generar riqueza y resolver problemas de sus asociados en conjunto”, señala.

Pánico financiero y otros riesgos

Antes de la implementación, la ley establece la necesidad de un análisis de interconexión y riesgo sistémico previo a la emisión de las nuevas regulaciones.

Peñaherrera considera fundamental que se detalle a qué tipo de cooperativas se está apuntando. “Si es a las pequeñas, no tendría razón de ser porque convertir una pequeña en banco tampoco es lógico”.

No obstante, habla de una necesidad de cautela. El solo hecho de anunciar de un momento a otro que    hay cooperativas que cambiarán de modelo de gestión, sugiriendo problemas, podría dar pie a que la gente se asuste sin razón de ser y que se caiga en un pánico financiero.

El experto advierte    también sobre los riesgos históricos de procesos similares. “En otros países, la conversión de cooperativas a bancos han terminado en un fracaso absoluto, han desaparecido las cooperativas y los gestores simplemente se fueron llevando los recursos”.

Guerrero, aunque ve oportunidades en la propuesta, coincide    con Peñaherrera en la necesidad de tener precaución. “Cualquier decisión que se haga, más allá de la ley, debe tomar en cuenta la decisión de los socios, justamente para conservar la estabilidad del sistema financiero”.

No obstante, insiste en aplicar mayor control en un sector que ha tenido un crecimiento vertiginoso en la colocación de créditos; un ritmo que, sin embargo, no ha estado acompañado de los pagos y coberturas adecuadas. “Es importante incrementar el capital, que las provisiones cubran el 100 % de la cartera improductiva”, dice.

Ante ello, Peñaherrera, como alternativa propone mecanismos de resolución financiera existentes: “Si hubiera algún problema con una cooperativa que no se podría resolver al interior del sector, se podría aplicar tranquilamente una compra de activos y pasivos. Son mecanismos que existen en todo el mundo y no hay prohibición de que un banco compre cartera de una cooperativa”.

El sector ha anunciado que solicitará un veto parcial a la ley para evitar esta transformación    que considera forzosa. Mientras tanto, la implementación de la normativa dependerá de las regulaciones específicas que emita la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria en los próximos meses.

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