El gremio de cooperativas pide al Gobierno un veto parcial a la Ley de Integridad
Asofipse sostiene que la propuesta cambia el modelo de operación de cooperativas
El sector de cooperativas de ahorro y crédito del país rechaza que la Ley de Integridad Pública plantee la posibilidad de que algunas entidades del sector puedan convertirse en bancos. Pedirán al Gobierno un veto parcial para una propuesta que, dicen, va en contra de lo que dicta el Código Orgánico Monetario.
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) asegura que con la propuesta se estaría forzando una conversión jurídica de cooperativas en bancos, modificando el modelo de asociatividad de las entidades, reemplazando con ello "la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional", eso, dice Edgar Peñaherrera, presidente de Asofipse, rompe con los principios rectores de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
"Estamos analizando todos los temas legales para ver cuál es la consistencia de este proyecto, enviaremos una carta al presidente Daniel Noboa, solicitando el veto de esto", dijo.
Y puso un ejemplo: "Es como que mañana, de la noche a la mañana, le digan que no, que usted ya no es periodista, que usted es arquitecta. Entonces, eso es un atropello a la la libertad de organización y de asociación, de autodeterminación y lógicamente, como digo, también un atropello a a la Constitución que tiene claramente señalado cómo está compuesto el sector de la Economía Popular y Solidaria".
De cooperativas a bancos. ¿Qué plantea la Ley de Integridad Pública?
El proyecto, que fue aprobado la noche del pasado 24 de junio en la Asamblea Nacional incorpora cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero. Contempla la posibilidad de que algunas cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado del país. Para eso, se deberán cumplir ciertos pasos previos:
La ley, en su Disposiciones Transitoria, Décima Primera, dispone que en un plazo de noventa (90) días desde la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, esta deberá emitir las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Antes de este proceso se destaca la necesidad de un análisis de interconexión y riesgo sistémico previos a la emisión de las regulaciones por parte de la Junta.
El propósito de esta medida, se señala, " es proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera". Esta transformación se realizaría bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
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