
Cooperativas de ahorro demandarán inconstitucionalidad de Ley de Integridad Pública
Existe desacuerdo con la transitoria que dispone traspasar el control a la Superintendencia de Bancos
La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur) demandará la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Integridad Pública y su intención de realizar cambios al sistema financiero cooperativista.
Mediante rueda de prensa realizada este lunes, 30 de junio de 2025, se dieron a conocer detalles de la afectación que sufrirán las cooperativas y sus socios.
Juan Pablo Guerra, gerente de la Ucacsur, explicó que la transitoria décimo primera representa un riesgo para el sector cooperativista que pretende convertirlo en sociedades anónimas del sector financiero privado y pasar a ser controlados por la Superintendencia de Bancos.
En la ley se establece "previo el desarrollo de los análisis de interconexión y riesgo sistémico, en el término de noventa días (90) contados a partir de la posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, está emitirá las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que, con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades y preservar la estabilidad financiera, deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos".
Para Guerra, la transitoria fue inconsulta y llevó a que la Asamblea Nacional desconozca la "asociación social de las cooperativas". "No podemos pensar que pasar de una personería jurídica a otra va a generar una mayor regulación al sector", sostuvo.
#ALERTA | La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito plantearán un demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública por la intensión de intervenir en sistema económico cooperativista. pic.twitter.com/Dj2p3nde8D
— Diario Expreso (@Expresoec) June 30, 2025
Afectación financiera a las cooperativas
Juan Carlos Urgiles, gente de la cooperativa Jardín Azuayo, explicó que la norma pone en riesgo a las instituciones al abrir la puerta a que una sola persona pueda convertirse en accionista mayoritario y tomar decisiones que vayan en desmedro de quienes utilizan el sistema cooperativista.
"Las cooperativas funcionamos bajo la visión de reactivar los sectores más pobres, es así que tomamos los recursos de las ciudades que más poder económico tienen y los colocamos en créditos en las zonas menos favorecidas. En esos sectores en los cuales nunca se interesó la banca pública y privada", sostuvo.
Entre las afectaciones a los que se refirieron fueron por ejemplo, el incremento de las tasas de interés en los créditos, cobros por los servicios financieros, reducción en las tasas de interés ahorristas, entre otros.
Según cifras de la Ucacsur, las cooperativas bordean los $30.000 millones en activos y su participación en el pastel financiero llega al 36%. Con estas cifras, a los representantes del sector cooperativista es preocupante que se pretenda llevar hacia la banca privada el resultado de "muchos años de trabajo que han desarrollaro en el sector de la economía popular y solidaria".
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