¿Hasta cuándo? Se pregunta el sector privado, tras conocer a mayor detalle el alcance de la reforma tributaria enviada a la Asamblea por el Ejecutivo, el 27 de noviembre de 2023. Aunque el proyecto de ley económico urgente apunta, según el presidente de la República, Daniel Noboa, a generar empleo, algunos puntos, como la autorretención del Impuesto a la Renta (IR) a 499 grandes contribuyentes, dista de ese objetivo y, más bien, impacta en la liquidez de toda la cadena productiva.

El documento, bautizado como ‘Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo’, propone que el Servicio de Rentas Internas (SRI) no retenga el IR, sino que sean los grandes contribuyentes quienes efectúen una autorretención mensual, sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de ese mes. El porcentaje se establecerá vía resolución y el valor no excederá el 3%. Los valores que paguen las empresas cada mes constituirán crédito tributario al momento de liquidar el IR.

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Esto, para Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, es cobrar más a los mismos y no abrir el abanico de los informales e ilegales que no contribuyen al país. “Siempre se piensa que el impacto es a los grandes contribuyentes. El grave problema es que en su encadenamiento productivo estos tienen medianos y pequeños proveedores. Al retirar liquidez a una empresa, que tiene que pagar a sus proveedores, todos se afectan. Cuando una empresa grande se enferma de gripe, los pequeños, que son proveedores de esta, empiezan a toser”.

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, también alertó que el artículo 13 del proyecto es una clara muestra de que sí se incrementan impuestos. “Esto generará iliquidez, necesaria para operar, y deteriorará el poco capital de trabajo disponible. Es una propuesta perjudicial en un momento en que el sector camaronero acumula pérdidas por dólares 1.400 millones, debido al debilitamiento del consumo en China y otros mercados. El efecto es más agresivo sobre el sector exportador, ya que este no es sujeto de retenciones por sus ventas al extranjero”. Aeso se suman los gastos en seguridad que ha tenido que incurrir el sector exportador.

Esa medida es básicamente un anticipo al Impuesto a la Renta mensualizado, dijo Miguel Ángel, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). “Desde la CCG hemos estado siempre en contra de medidas cómo esta, pues el anticipo golpea la liquidez de los negocios. Es más, el anticipo se encuentra fundamentado en el hecho generador del IR, por lo tanto, si no se prevén rentas o si estas serán muy bajas el próximo año, resulta injusto su cobro”.

En esa misma línea, el socio gerente de la auditora UHY Ecuador, Freddy Cevallos, asegura que las empresas sentirán mucha presión en su caja. “Yo le llamo como un anticipo a la renta mensual, porque este monto no equivalente al 3 %, sino mucho menor, se lo paga al mes y al final del año se lo liquida con el IR. De aprobarse este artículo de la reforma, ocasionará que mensualmente las compañías anticipen de forma mucho mayor ese IR. Con ello, su caja, en forma directa, va a verse afectada en 2.256 millones de dólares al año aproximadamente, que equivalen a los 188 millones de dólares en forma mensual que el Ejecutivo ha calculado que generaría esta decisión”.

Sin efecto alguno sobre el empleo

Robalino es muy claro en refutar el argumento del Ejecutivo de que la reforma generará empleo. “Una reforma no genera empleo. Si no se cambian las reglas de juego en el área laboral, el empleo no crecerá. Es así de sencillo. Porque si fuera así, hemos tenido más de 24 reformas en los últimos 15 años y el empleo sigue cayendo. Estamos queriendo hacer lo mismo y esperar cambios. Obviamente, no los va a haber. Y otro grave problema es que se analiza solo el ingreso y no el gasto”.

En eso coincide el socio gerente de la auditora UHY Ecuador, Freddy Cevallos, nuevamente se mete la mano al bolsillo de las empresas. “Las contribuciones temporales han sido la tónica de los últimos años. Se sigue planteando recaudación sobre los mismos contribuyentes, mientras sigue sin construirse una política tributaria que incorpore al sector informal dentro de las contribuciones formales”.

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