¿Por qué el Ejecutivo rechaza el fallo de la CC sobre concesión eléctrica?
El Gobierno cuestiona metodología y solicita precisar estándares de "precisión y claridad" para futuras delegaciones
La Secretaría General Jurídica de la Presidencia presentó el martes 13 de enero un pedido formal ante la Corte Constitucional (CC) para que explique mejor su sentencia 112-21-IN/25, que eliminó una de las justificaciones legales que permitía al gobierno contratar empresas privadas para servicios eléctricos.
En su sentencia, la Corte Constitucional concluyó que el artículo 25, numeral 1, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), reformada en mayo de 2021, es inconstitucional por permitir concesionar servicios eléctricos a empresas privadas bajo la justificación genérica de "interés público, colectivo o general". La CC consideró que esta causal era excesivamente amplia y vaciaba el principio constitucional que establece que la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.
Tras la resolución, el presidente Daniel Noboa calificó el fallo como "cálculo político" y publicó en redes sociales las fotografías de los jueces que aprobaron la sentencia, acusándolos de "negar empleo, energía y estabilidad" al país. Ante la polémica, la CC aclaró que su decisión no prohíbe la inversión privada ni paraliza proyectos, manteniendo vigentes otros mecanismos de delegación para casos específicos.
Críticas al razonamiento de la CC
El documento, firmado por el secretario jurídico Enrique Herrería Bonnet, plantea 11 solicitudes de aclaración y una de ampliación, cuestionando la metodología utilizada por la CC y considerando que el razonamiento presenta "afirmaciones de formulación general" que generan incertidumbre sobre el alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Entre los cuestionamientos centrales, la Presidencia señala que en el párrafo 72 del fallo, la CC enumeró circunstancias concretas como "una emergencia energética, daños graves e inesperados en la infraestructura, desastres naturales que afecten temporalmente el servicio estatal o limitaciones operativas reales" como justificaciones para la delegación excepcional.
Sin embargo, el gobierno considera confuso que estos escenarios específicos se mencionen pero luego no se establezcan como parámetros claros para futuras delegaciones excepcionales, optando en su lugar por eliminar completamente la causal del "interés público".
El Ejecutivo también cuestiona por qué la CC no optó por alternativas menos drásticas. "De esta manera, era factible que la Corte, como lo ha hecho en innumerables casos, dicte una sentencia interpretativa, condicionada o, inclusive, una aditiva en la que establezca estos parámetros", señala el documento.
La Presidencia destaca que este criterio fue adoptado por la jueza Karla Andrade Quevedo en su voto salvado, quien consideró viable establecer parámetros para entender mejor el alcance de una delegación excepcional basada en el numeral 1 del artículo 25 de la LOSPEE.
Solicitud de ampliación en cinco puntos
En el punto central de su pedido, el gobierno solicita que la CC "aclare y amplíe la Sentencia 112-21-IN/25" sobre cinco aspectos específicos no abordados en el fallo.
Pide precisar el contenido mínimo del estándar de "precisión y claridad" exigido para que la ley del sector establezca "casos" de delegación excepcional, conforme al artículo 316 de la Constitución, determinando si dicho estándar exige tipificaciones cerradas o admite cierto grado de flexibilidad.
También solicita aclaración sobre la utilización de conceptos jurídicos indeterminados como "interés público", "interés general", "interés colectivo" u "orden público" en futuras normativas del sector eléctrico.
Además, busca precisar la coherencia del estándar fijado con el régimen especial de delegación excepcional previsto en los artículos 74 y 75 del Código Orgánico Administrativo, y el alcance de los efectos temporales "hacia el futuro" de la sentencia.
Finalmente, solicita que el estándar adoptado no se interprete de modo que paralice la capacidad de reacción estatal frente a contingencias imprevistas o escenarios de eficiencia económica propios del sector eléctrico.
Este pedido se produce mientras Ecuador enfrenta desafíos energéticos, con el gobierno anunciando la renovación de contratos de alquiler de barcazas de generación y centrales térmicas para garantizar el suministro eléctrico en 2026, ante los retrasos en proyectos como las centrales Austral y Progen. El gobierno espera que la respuesta de la CC brinde mayor certeza jurídica para el desarrollo de futuros proyectos eléctricos.
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