La trama de créditos millonarios incobrables que afecta a CFN también la sufren, aunque con diferentes matices, otras entidades como Banco del Pacífico. Yen estos días, hay un caso en particular que llama    la atención por la pugna legal que se ha desatado y que involucra al actual asambleísta socialcristiano Pablo Muentes. El banco lo acusa de haber falsificado 13 notas de pago sobre un crédito por más de $ 300.000 que junto a su esposa, Mónica Alvarado, adquirió en 1998. Una irregularidad que él desmiente.

Las operaciones de pago, que se habrían hecho entre junio y noviembre de 1999, un año después de desembolsado el dinero, entraron al plano legal recién en el 2019, con un habeas data solicitado por Muentes, para pedir que el banco registre en sus asientos contables la cancelación de $ 314.800, 12 abonos de ellos hechos en efectivo y uno en cheque. No obstante, la pelea se retoma el año pasado cuando el Banco del Pacífico interpone una demanda contra Muentes, Alvarado y Finxi (la compañía familiar a donde se destinaron parte de los recursos) para que se declare la falsedad y la nulidad de los supuestos comprobantes.

Esto último, por los resultados que habrían arrojado las distintas auditorías y análisis que el banco hizo sobre las notas de crédito, que hablan de ciertas inconsistencias en sus emisiones. Uno de esos documentos es el peritaje judicial, realizado en el marco de la sentencia del Juicio Constitucional de Habeas Data, al que EXPRESO tuvo acceso.

En ese informe, realizado en octubre de 2021, la perito evaluadora empieza por referirse a las inconsistencias halladas en el penúltimo pago (realizado en cheque por un monto de $ 67.500), “principalmente en las fechas donde se puede comprobar que, la data indicada por los clientes del 19 de noviembre de 1999, no coincide con la fecha registrada en el sistema de la entidad financiera”, según se señala.

Sobre los otros 12 comprobantes, la situación sería más crítica, pues estos pagos, según el mismo peritaje, no constan ni siquiera en los registros contables informáticos del banco. Esto porque allí también se hallaron otras anomalías en el proceso de emisión. Estas supuestas notas de crédito, se señala, registran el número de cuenta contable 29909002025300 que en 1999 ( año en que se hacen las cancelaciones) no era la autorizada para ingresar los valores cancelados por los clientes y que solo llegó a entrar a en vigencia o a usarse desde julio de 2002. Además de eso, en los comprobantes se observan las siglas VDC y VDL que solo se usan en créditos en coactiva, “pero en 1999 el banco no tenía jurisdicción coactiva”.

No obstante, el pasado 28 de noviembre, la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato de    Guayaquil decide fallar en contra de la entidad financiera, porque la demanda no tiene razón de ser. Entre los justificativos están los resultados de un nuevo peritaje presentado el 27 de enero de este año, relacionado con una revisión física de cada comprobante. Según consta en los antecedentes de la misma demanda que este Diario pudo revisar, estos papeles, que habrían sido emitidos por Patricio Espinoza, en ese entonces agente de crédito del banco,    guardan similitudes con otros comprobantes originales emitidos por la institución, tanto en “llenado mecánico de documentos, la morfología de los campos impresos, así como la aplicación de corte por fricción”.

Muentes, quien es considerado la mano derecha del exalcalde Jaime Nebot por haber trabajado con él más de tres décadas en el escenario político, niega haber falsificado documentos y aclara que el problema se origina por un error en la alimentación de estos pagos en el sistema, en el momento en que el banco pasa de manos privadas a públicas, pues hoy su dueño mayoritario es la Corporación Financiera Nacional (CFN). “A mí los recursos no me los dio un banco público, el banco se fusiona entre los años 1999 y 2000 con el Banco Continental. En ese ínterin es donde surge todo. Y esta falta de registro de pagos no solo se ha dado conmigo, sino en varios casos”, dijo Muentes a este Diario.

Él asegura haber cancelado el crédito tras vender una finca ganadera que tenía en Manabí y tras ceder a remate una finca productora de tilapias que tenía en Puerto Inca y que había entregado como garantía. A ello, dice, hay que añadir otro bien hipotecado que nunca se le devolvió (leer entrevista).

Pero en la demanda presentada, la defensa del Banco del Pacífico también cita otras pruebas a su favor y estas son supuestas cartas suscritas por Mónica Alvarado, esposa de Muentes, entre los años 1999 y 2004, donde supuestamente se reconoce que la deuda continúa vigente e impaga, “una contradicción que evidencia falsedad porque incluso en el año 2004, la deudora Alvarado quería entregar en dación de pago al banco bienes con el fin de extinguir la deuda, porque evidentemente no había pagado”, se resume. Muentes cuestiona tales pruebas y señala que ahí sí se estaría usando cartas falsas, documentos no originales donde la firma de su esposa aparece ilegible.

EXPRESO intentó hablar con autoridades del banco, pero estas adujeron que el tema está en manos del estudio jurídico Zavala Egas, consorcio que apelará la última sentencia dictada en contra del banco; para ello, se añadió, se están analizando las nuevas estrategias y acciones legales que se tomarán. El juicio, según se aclaró, “no ha terminado”. Otro aliciente para seguir en el tema es la reciente respuesta que acaban de recibir de la Superintendencia de Bancos. Es un informe emitido el pasado 7 de diciembre, donde ratifica las inconsistencias halladas en los comprobantes, respecto a las cuentas contables que, en su momento, debieron usarse para emitir las facturas.

• ENTREVISTA A PABLO MUENTES / ASAMBLEÍSTA SOCIALCRISTIANO

Según cartas, en 1999 usted y su esposa tenían graves problemas económicos, ¿cómo logran saldar la deuda ese mismo año?

Lo hicimos con la propiedad de Puerto Inca que habíamos entregado como garantía, ese es el pago que se hace con cheque. Lo otro, en efectivo, se logra vendiendo una finca ganadera.... Una vez que pagamos, le pido al banco aclarar mi situación, pero nunca me respondieron.

¿Hay un segundo bien que fue entregado también como garantía? ¿Qué pasó con eso?

Sí, una propiedad de 110 ha en Durán, que luego de haber pagado, solicito al banco que se la libere    y eso nunca se hizo. Lo que detectamos al final es que esa propiedad la remata el banco y misteriosamente lo hace un guardaespaldas de un alto funcionario del banco. Eso se debe investigar.

Por su parte, ¿qué otras irregularidades usted encuentra en este proceso de juicio?

El solo hecho de que el banco me demande civilmente por falsificación de documentos, el año pasado. Ese juicio es ilegal e injusto porque el juicio de habeas data ya lo habían perdido. También por el tiempo que ha pasado, esto está prescrito, pero la jueza dio paso, esto porque hubo presión del Gobierno.

¿Presión de este Gobierno? ¿Presión de quién? ¿El tema, entonces, es político?

Tengo nombre y apellido y en su momento lo diré. No quisiera pensar que esto es político... tampoco quisiera pensar que esto se ha destapado porque he pedido que se expliquen algunas irregularidades del Consejo de la Judicatura... Aquí se debe investigar qué pasó con el dinero que se pagó.

• UNA MILLONARIA CARTERA EN MORA

Esta operación crediticia que ha derivado en una pugna legal es solo una muestra de lo que el Banco del Pacífico debe lidiar para recuperar recursos entregados en años pasados.

Hasta junio de este año, la entidad financiera llegó a registrar una cartera improductiva que ascendía a los $ 500 millones, con una tasa de morosidad que estaba entre el 8 y 10 %, lo que obliga al banco a hacer altas provisiones.

Roberto González, presidente de la entidad, lamentó en ese entonces que gran parte de estos préstamos hayan sido    productos de programas de emprendimientos y reactivación, generalmente inducidos políticamente.