Ante la falta de recursos por parte del fisco, el nuevo Gobierno busca que empresas privadas financien obras públicas. Para ello, el presidente Daniel Noboa planteó la creación de un régimen para la atracción de inversiones a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP), una idea que ya fue propuesta durante el mandato de Guillermo Lasso y luego desechada. Ahora, este planteamiento se incluyó dentro del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica, que está en la Asamblea.

Entre sus puntos más destacados, según expertos, está el hecho de que la normativa prohíbe la privatización de la obra. “Es un esquema en el que el privado ayuda al sector público en la ejecución de una obra, en la prestación de un servicio o en la entrega de un determinado bien. Este activo nunca pasa a manos del sector privado”, explica el abogado Marcelo Bodero, especialista en inversiones y en APP, al ser consultado por EXPRESO.

Otra de las características principales de la normativa es que la empresa privada, dentro de la alianza con el sector público, es la que asume la mayor cantidad de los riesgos de la obra. “El riesgo económico en su gran parte lo asume el privado y la recuperación de esa inversión también, a través de la autogestión de un determinado activo o con pagos por disponibilidad del Estado a largo plazo”, sostiene Bodero.

Entre las novedades que trae este régimen también está la creación de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP), con autonomía financiera y administrativa, con la misión de estructurar los proyectos APP y promover y mantener las inversiones privadas.

Para el economista Roberto Salas, exsecretario de APP del mandato pasado, esta propuesta, con la que además el Gobierno crea cambios en la ley para el fomento productivo, es acertada por tres razones.

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“Primero porque Ecuador tenía ese eslabón perdido: excelentes reglamentos y guías técnicas, pero no el respaldo de una ley que genere más certeza jurídica”, manifiesta Salas.

La creación de las APP es un recurso usado en diversos gobiernos del mundo, pero que en Ecuador arrancó en el año 2015 tras el desplome del precio del petróleo, que llevó al Estado a una crisis financiera.

En ese entonces se creó la Ley de Incentivos para el Fomento de APP con alicientes para las empresas, como estabilidad en el régimen normativo tributario, exención del pago del impuesto a la renta por 10 años y del pago de dividendos al exterior.

Así se crearon cinco proyectos: tres puertos (Posorja, Manta y Puerto Bolívar), el dragado de Guayaquil y la carretera Río Siete-Huaquillas.

No obstante, los expertos señalan que era necesario un cambio a la normativa, porque la ley de 2015 era muy básica y no estaban todas las reglas claras.

Pero Bodero indica que para que funcionen las APP en el país, en realidad solo ha hecho falta voluntad política. “Que hasta ahora no hayan funcionado ha sido solo por falta de voluntad política. Se podrían hacer grandes obras, por ejemplo las cárceles. Las prisiones en México y Estados Unidos las opera el sector privado, con altos niveles de eficiencia”, detalla.

Desde 2015 los gobiernos no volvieron a concretar obras con APP, hasta que Lasso lo volvió a intentar, priorizando ocho proyectos con un promedio de 2.000 millones de dólares, que quedaron en fase de estudios de factibilidad y que iban desde obras viales e hidroeléctricas hasta una red de centros de diálisis.

En la actualidad se tiene en la mira la construcción del llamado Quinto Puente o Viaducto Sur, un megaproyecto de 42 kilómetros con carreteras y puentes que prevé atravesar los cantones Yaguachi, Naranjal, Durán y Guayaquil, y que se quiere levantar para agilizar la llegada y salida de camiones desde el puerto de esta última ciudad.

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Por su alto costo, de más de mil millones de dólares, esta obra tiene que ser construida con una APP o una alianza estratégica, considera Bodero. Así la recuperación del dinero invertido por parte del gestor privado será a largo plazo.

“El punto es la eficiencia. Con el gestor privado, al asumir este compromiso, no hay coimas ni sobrecostos, porque el pago por la operación del sistema está previamente fijado por tablas internacionales. Además, al asumir el riesgo, el gestor privado no hará una obra ineficiente porque él mismo tendrá que arreglarla. Por ejemplo, si el gestor privado hace una carretera y recupera la inversión con el costo de los peajes, mientras más eficiente sea la obra, gana más”, ejemplifica.

El segundo punto que resalta Salas es que esta ley le da a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas la competencia de ser la estructuradora de proyectos, asignándole un rol que hasta ahora les competía a los ministerios.

“Me parece acertado porque los ministerios, más allá de no tener recursos suficientes, no han tenido el tiempo, porque han sido invadidos por emergencias, urgencias. Y para los temas de mediano y largo plazo, como son los proyectos de infraestructura y concesiones, no les alcanza el tiempo”, argumenta.

Asimismo, como tercer punto Salas menciona que este régimen amplía el servicio de la Secretaría como un actor de estructuración a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para asesorarlos y capacitarlos y así incrementar proyectos de APP. 

• Otras novedades de la propuesta

CIAPP

Otra reforma que propone este régimen, dentro del proyecto de ley, es la creación del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP), que tiene entre sus funciones aprobar y expedir políticas, regulaciones y guías técnicas y documentos estandarizados en materia de APP.

Iniciativa

Otra ventaja que destacan los expertos es que este tipo de procesos permiten la iniciativa privada. Es decir, cuando los gestores privados son los que hacen el acercamiento a los gobiernos, porque han analizado que pueden mejorar ciertos bienes o servicios en el país.

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