Ordenan prisión preventiva para alcalde de Pujilí, José Arroyo, por presunto peculado
Juez dictó prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes a José Arroyo por presunto peculado
El juez de la Sala de Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó la prisión preventiva contra el alcalde de Pujilí, José Arroyo, procesado por presunto peculado en la adjudicación de obras públicas. La medida fue considerada idónea, necesaria y proporcional para asegurar el desarrollo del proceso penal. La prohibición incluye la enajenación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
La defensa de Arroyo presentó informes médicos que señalaban presuntas enfermedades y cuadros de ansiedad, así como su rol en el cuidado de familiares. Sin embargo, el tribunal determinó que existen elementos de convicción graves que impiden dar prioridad a aspectos personales frente a la gravedad del presunto delito.
SNAI deberá garantizar condiciones especiales de internamiento
La prisión preventiva fue modulada para que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) asegure el cuidado personal del alcalde. El juez dispuso que no sea ingresado en una cárcel común y que se evalúe su traslado a un centro adecuado, como la Cárcel 4 de Quito o una instalación especial, para evitar afectaciones psicológicas, físicas y médicas.
Sin embargo, la defensa de Arroyo solicitó que el alcalde cumpla la prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria Casa de Confianza, ubicado en Chillogallo, por su género y antecedentes de abuso cuando fue menor de edad.
Esta decisión se enmarca en investigaciones previas de la Contraloría General del Estado sobre su gestión, iniciadas tras denuncias del vicealcalde y concejales. Los informes incluyen adjudicaciones de obras ya ejecutadas y pagos cuestionados a familiares por la venta de terrenos.
Otros procesados deberán presentarse periódicamente
En la misma causa, el tribunal impuso medidas alternativas a la prisión preventiva para otros implicados: Verónica Beatriz Villacrés Zapata, Tatiana Josselyn Lozada Sánchez, Joaquín Vega Tocumbe, Santiago Alejandro Tovar Molina, Héctor Alejandro Gavilema Caisa, Juan José Albán Calero y María Fernanda Solórzano Bomboza. Ellos deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.
El caso se suma a otros procesos judiciales recientes contra autoridades municipales en Ecuador, en los que se investiga el presunto uso indebido de recursos públicos, reforzando la atención sobre el control de la contratación pública y la transparencia en gobiernos locales.
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