Minería ilegal, crimen organizado y vacíos legales: el debate que llega a la Asamblea

La Asamblea Nacional se apresta a analizar un proyecto de ley que aborda de forma integral los sectores de energía y minería, considerados estratégicos para el Estado. Uno de los ejes centrales de la propuesta es el combate frontal a la minería ilegal, una actividad que, según el diagnóstico oficial y del sector, ha crecido al amparo de un régimen que permitió el uso indebido de figuras como la minería artesanal.

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Actualmente, estas actividades ilegales no pagan regalías ni patentes, generan graves impactos ambientales y erosionan la base fiscal del país. Frente a este escenario, la reforma plantea redefinir el régimen minero, fortalecer los controles y cerrar los vacíos que han sido aprovechados por estructuras criminales.

En entrevista con Teleamazonas, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, subrayó que la lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a operativos aislados, sino que requiere una respuesta integral del Estado. En ese contexto, insistió en la necesidad de capacitar a las autoridades judiciales. “Es indispensable que jueces y fiscales conozcan de minería, entiendan el negocio minero y puedan sancionar de manera efectiva las actividades ilícitas”, señaló.

Silva explicó que el combate a la minería ilegal debe enfocarse en tres rutas clave: el dinero, la maquinaria y las sustancias utilizadas, como el mercurio. Alertó que al menos 20 organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras, operan actualmente en este sector, evidenciando que ya no se trata de una actividad de subsistencia, sino de un negocio del crimen organizado.

En este contexto, se refirió a la suspensión de alrededor de 80 plantas de beneficio ubicadas en las riberas de los ríos Amarillo y Calera, en las provincias de Loja y El Oro. Estas plantas —explicó— son esenciales para separar el mineral de la roca, ya que el oro no se extrae de forma pura en la naturaleza. Sin plantas de beneficio, la actividad minera es inviable. No obstante, recalcó que su operación debe estar estrictamente controlada, tanto en el manejo ambiental como en la trazabilidad del oro que procesan.

La remediación ambiental y el actuar del crimen organizado

La presidenta de la Cámara advirtió que la minería ilegal ha provocado una expansión acelerada de la frontera minera. Aunque no existen cifras exactas, estimaciones del sector indican que esta actividad podría estar generando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales, impulsada por los altos precios internacionales del oro. A esto se suma un costo aún no cuantificado: la remediación ambiental de miles de hectáreas degradadas.

Silva llamó a una reflexión profunda sobre las decisiones de cierre indefinido de actividades mineras, señalando que clausurar operaciones formales sin un análisis técnico puede terminar favoreciendo la ilegalidad. Aclaró que desde la Cámara se promueve una minería responsable: los operadores legales que incumplen la ley deben ser sancionados, pero quienes cumplen con la normativa no deberían ser penalizados indiscriminadamente.

El Observatorio del Crimen Organizado, en su informe de finales de 2025, ubica a la minería ilegal como el segundo mercado ilícito más importante del Ecuador, con ganancias que superan los 1.300 millones de dólares. Además, advierte sobre la exportación de oro sin trazabilidad y el control territorial ejercido por grupos criminales en las tres regiones del país. Con los precios actuales, incluso, un kilo de oro puede ser más rentable que un kilo de cocaína.

Las cifras judiciales refuerzan la preocupación: desde 2021 se registran más de 1.100 investigaciones previas por minería ilegal, pero apenas 32 sentencias, lo que revela altos niveles de impunidad. Para Silva, esto responde a una combinación de miedo, corrupción y falta de conocimiento técnico dentro del sistema judicial.

Finalmente, la dirigente enfatizó que el Ecuador necesita una política minera de Estado, con una visión de largo plazo —a 10, 20 o 50 años— que impulse la minería responsable y alinee a todas las instituciones en la lucha contra la extracción ilícita. Aseguró que el proyecto de ley no busca flexibilizar los controles ambientales ni reducir exigencias, sino agilizar procesos administrativos bajo un marco regulatorio sólido.

El debate está abierto. La propuesta ya genera reacciones políticas y sociales, y será la Asamblea Nacional la encargada de definir si esta reforma logra equilibrar desarrollo, control ambiental y una respuesta efectiva frente a la minería ilegal.

El uso de los explosivos en la minería

La Asamblea Nacional tambi´én analiza en el proyecto de ley la comercialización de explosivos, en coordinación con la autoridad minera nacional y otras entidades responsables, pueda establecer mecanismos de rebaja, tarifas diferenciadas, incentivos o condiciones preferenciales en el costo de estos insumos, siempre que estén destinados exclusivamente a proyectos mineros legalmente autorizados. La propuesta condiciona estos beneficios al estricto cumplimiento de la normativa técnica, ambiental y de control, y a que no se comprometa la seguridad pública ni los objetivos de control estatal, siempre que exista disponibilidad técnica, económica y operativa conforme a la planificación del sector.

Sin embargo, esta disposición ha generado reparos en el sector minero. En entrevista con Ecuavisa, el ingeniero René Ayala Lomas, asesor técnico de la Cámara Nacional de Minería y Proveedores del Ecuador, explicó que el gremio ha realizado un análisis multivariable —técnico, legal, económico y de innovación— y concluye que el artículo no debería ser aprobado, pues afectaría directamente la seguridad industrial y la seguridad pública.

Según Ayala, en Ecuador y en otros países de América Latina los explosivos son considerados insumos especiales, ligados a la soberanía y a la seguridad nacional, por lo que no forman parte de esquemas de clúster minero. Estos clústeres, explicó, están diseñados para fomentar innovación y alianzas estratégicas en insumos comunes, no en materiales altamente sensibles como los explosivos, que deben mantenerse bajo un control estricto del Estado.

Desde el punto de vista económico, el asesor advirtió que los incentivos podrían convertirse en subsidios distorsivos que terminen favoreciendo a proveedores extranjeros, cuyos explosivos suelen ser más baratos que los fabricados en el país. Esto, a su criterio, afectaría la competitividad de la industria nacional, que actualmente emplea entre 300 y 400 personas y opera bajo un esquema de control riguroso.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la trazabilidad. Ayala explicó que los explosivos de fabricación nacional cuentan con un sistema de rastreo que cubre toda la cadena: desde la materia prima, la fabricación y la comercialización, hasta el uso final, que debe ser justificado por la empresa minera ante la autoridad competente. Abrir el mercado a explosivos de distintos orígenes, sin garantizar el mismo nivel de control, representaría —según el gremio— un riesgo para la seguridad nacional, al facilitar que estos materiales terminen en manos de la minería ilegal o del crimen organizado.

El asesor reconoció que hoy ya existen debilidades en el control estatal, evidenciadas por el hallazgo recurrente de explosivos en zonas de minería ilegal como Napo, El Oro o Ponce Enríquez. Sin embargo, sostuvo que la mayoría de estos explosivos provienen del contrabando desde países vecinos y no cuentan con trazabilidad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los controles, no de flexibilizarlos.

Ayala señaló además que países con tradición minera como Chile y Perú priorizan el uso de explosivos locales y solo recurren a importaciones para complementar la demanda, manteniendo estos insumos fuera de los esquemas de clúster e innovación, precisamente por su carácter sensible.

Finalmente, el representante de la Cámara aclaró que, más allá de este artículo específico, el sector ve con buenos ojos otros aspectos del proyecto de ley, que podrían incentivar la inversión extranjera y fortalecer el desarrollo minero a mediano y largo plazo. No obstante, advirtió que no se puede priorizar una inversión de corto plazo poniendo en riesgo la seguridad, la soberanía nacional y la industria local.

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