Más de 50.000 hectáreas en debate: productores impugnan decreto de Noboa
Pequeños y medianos productores bananeros presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 231
Los pequeños y medianos productores bananeros del Ecuador llevaron su reclamo al máximo órgano de control constitucional. El miércoles 11 de febrero, en Quito, presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Pública de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 231, emitido por el presidente Daniel Noboa el 24 de noviembre de 2025.
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La demanda fue presentada bajo el auspicio del abogado Francis Abad López, en representación de productores que cuestionan la reforma al Reglamento de la Ley del Banano. Según sostienen, el decreto permite regularizar más de 50.000 hectáreas de banano sembradas de manera ilegal y, además, autoriza la siembra sin límite ni control de nuevas hectáreas hasta el 31 de diciembre de 2026.
Los accionantes solicitan que el Decreto 231 sea declarado inconstitucional y eliminado del ordenamiento jurídico. Argumentan que fue expedido sin consulta previa ni sustento técnico suficiente y que, a su criterio, responde a intereses de grandes agroexportadores.
Se teme que exista una sobreoferta en el mercado
De acuerdo con los productores, la ampliación de la frontera bananera podría generar una sobreoferta en el mercado, lo que eventualmente presionaría a la baja el precio que reciben los pequeños agricultores por su fruta. Señalan que esta situación pondría en riesgo la sostenibilidad económica de miles de familias que dependen del cultivo del banano.
En su pronunciamiento, los dirigentes también cuestionaron la política agrícola del actual Gobierno, al considerar que privilegia dinámicas de mercado que favorecen a grandes actores económicos. Aseguran que el modelo planteado podría afectar el tejido social del campo ecuatoriano y debilitar a los productores de menor escala. Un punto de vista que también tiene José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.
Durante la presentación de la acción constitucional, los líderes bananeros hicieron un llamado a otros sectores del agro —maiceros, arroceros, cacaoteros, cafetaleros, lecheros, palmicultores y cañicultores— a mantenerse vigilantes y a articular acciones conjuntas frente a lo que consideran medidas que impactan los derechos productivos, sociales y ambientales del sector rural.
Ahora será la Corte Constitucional la que deberá admitir a trámite la acción y, posteriormente, analizar el fondo de la demanda para determinar si el Decreto 231 se ajusta o no a la Constitución. El fallo podría marcar un precedente clave para el futuro de la regulación bananera en el país.
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